Coherente con sus promesas de legislar desde la ciudadanía y no discriminar ni excluir a ningún sector de la sociedad en el tratamiento de las leyes, la mayoría de Alianza País en la Asamblea, liderada por Fernando Cordero, debe tener la sensibilidad necesaria para promover el debate más amplio y pluralista en torno a los proyectos que se han presentado para la nueva Ley de Comunicación.
Inquieta el hecho de que hasta ahora no se conozca la propuesta oficial del Gobierno y de su movimiento político, a pesar de que muchos de sus voceros han manifestado reiteradamente que ya tienen claros los ejes de su proyecto y también a pesar de que algunos organismos gubernamentales, vinculados al tema, ya han presentado sus ideas.
Independientemente de las distintas posiciones ideológicas y conceptuales en torno a la delicada pero trascendente relación entre comunicación pública y sociedad, Estado y Gobierno, a las autoridades legislativas les corresponde deliberar todas las propuestas serias y consistentes que se presenten, así como les compete escuchar los diversos planteamientos, sugerencias e inquietudes de medios, gremios, periodistas y comunicadores.
Lo peor que podría pasar en el Ecuador es que la Asamblea niegue a los ciudadanos y a los sectores relacionados con el tema la posibilidad de que se acojan todas las propuestas que hayan sido pensadas desde el bien común y teniendo en cuenta la normativa internacional.
Si la mayoría legislativa permite que se prioricen los prejuicios ideológicos por encima de las razones y argumentos técnicos, jurídicos y sociales, lo más probable es que la nueva ley se apruebe a última hora, sin que en su espíritu se reflejen los verdaderos intereses y objetivos nacionales.