10 de julio de 2018 11:22

Elizabeth Cabezas presentó Ley para recuperar capitales

Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, presentó el proyecto de Ley para la recuperación de capitales que se utilizaron en actos de corrupción. Foto: Cortesía / Asamblea Nacional

Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, presentó el proyecto de Ley para la recuperación de capitales que se utilizaron en actos de corrupción. Foto: Cortesía / Asamblea Nacional

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Diego Puente

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La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, presentó el proyecto de Ley para la recuperación de capitales que se utilizaron en actos de corrupción. La iniciativa tendrá aportes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA).

La ley presentada hoy, martes 10 de julio del 2018, tiene 24 artículos y plantea que a través del Cpccs se organicen equipos técnicos especializados que podrán hacer un registro de un caso denunciado por la ciudadanía. En el transcurso de su investigación podrán acceder a documentos que se pueden obtener mediante la Ley de Transparencia. En caso de que se determine que existen valores pagados por corrupción, se podría judicializar el caso.

Elizabeth Cabezas, señaló el pasado 24 de mayo, en el discurso del Informe a la Nación, sobre la presentación de una propuesta de Ley dirigida a la recuperación de capitales.

“Busca recuperar los recursos públicos que han sido malversados.
De acuerdo a cifras dadas por la Comisión Nacional Anticorrupción son USD 24 000 millones los recursos que se han dado por corrupción”, sostuvo la legisladora.

Julio César Trujillo, presidente del Cpccs, estuvo en la presentación de la Ley que se hizo este martes 10 de julio del 2018 en la Asamblea Nacional. El representante de esta entidad señaló que trabajarán con un equipo propio de penalistas para ver la propuesta y dar aportes.

Para Jorge Rodríguez, presidente de la CNA, debe existir un tratamiento integral para derogar artículos en el Código Orgánico Integral Penal, en la Ley de Contratación Pública o en la Ley de Administración Pública que –a su criterio- facilitarían los actos de corrupción.

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