Pasadas las 18:00, la Comisión acogió observaciones para la Ley, las cuales fueron analizados por los asambleístas. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
La Asamblea aprobó el pasado miércoles 22 de junio de 2018 la Ley de Fomento Productivo, con 73 votos afirmativos, 28 negativos y 26 abstenciones.
Pero lo hizo en dos partes, a pedido del asambleísta Esteban Albornoz (AP), presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, que trató el proyecto de ley desde el pasado 4 de junio.
La propuesta de Albornoz fue primero votar por la iniciativa legal, a excepción de los articulados que planteaban gravar con el impuesto a la renta (IR) a la decimotercera y a la decimocuarta remuneraciones a quienes ganan más de USD 100 000 y excluir a ese grupo del beneficio de la deducción de gastos personales. Estos temas apenas tuvieron 42 votos positivos.
La decisión de dividir la votación se debió a los cuestionamientos de diversas bancadas, por considerar a la medida como inconstitucional.
El asambleísta César Rohon, del Partido Social Cristiano (PSC), ratificó ayer que la bancada se abstendría de apoyar el proyecto de ley si no se realizaba este ajuste.
La incorporación de articulados sobre el arbitraje internacional para la resolución de conflictos comerciales fue uno de los cambios con los que llegó el informe a la continuación del segundo debate.
La Comisión decidió incluir el tema en el proyecto tras el debate del pasado martes, indicó el asambleísta, Luis Fernando Torres, del PSC.
La última jornada de debate se llevó a cabo en medio de la discusión del manejo de la deuda pública, que nuevamente dividió los criterios de los legisladores.
El Ejecutivo plantea, en el proyecto, reducir gradualmente el gasto público durante tres años. En ese período no se tomaría en cuenta el techo del 40% para el endeudamiento.
El asambleísta Homero Castanier, de Creo, consideró que este artículo es una “ruta de escape” para el Gobierno, lo cual puede disparar la deuda.
El legislador propuso que en un plazo de tres años se incorporase un plan “aprobado y controlado por la Asamblea”, para disminuir la relación entre la deuda pública y el producto interno bruto (PIB). Hasta el cierre de esta edición no se conoció si se aceptó el cambio propuesto y sobre el cual el bloque de Creo condicionó sus votos de apoyo.
Torres destacó los aspectos positivos del proyecto, como la eliminación del artículo 1 de la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales, por la cual herederos, accionistas y otros ya no tendrán que responder por las deudas de los propietarios de las empresas.
Pero “debe quedar claro que los jueces de coactivas sí podrán cobrar a las compañías deudoras”, enfatizó Torres.
Los asambleístas correístas y miembros de la Comisión de Desarrollo Económico, Mauricio Proaño y Sofía Espín, presentaron un informe de minoría con las observaciones a la propuesta del Ejecutivo, principalmente a la amnistía y a la reducción gradual del impuesto a la salida de divisas (ISD).
En su intervención en el Pleno, Gabriela Rivadeniera, integrante de Revolución Ciudadana, hizo una moción previa para pedir el archivo de la iniciativa legal.
En cambio, los asambleístas de Alianza País destacaron la importancia de aprobar el proyecto para impulsar a sectores como el agrícola, de la economía popular y solidaria y otros.
Ximena Peña, de la bancada oficialista, destacó que la iniciativa incluye beneficios, como la remisión o amnistía de los intereses, multas y recargos de diversos tipos de deudas como las de créditos educativos. Y destacó la propuesta de eliminar la disposición de que extranjeros cuenten con un seguro de salud al ingresar al país, entre otras medidas.
Sin embargo, señaló que la norma es “perfectible” y, por ello, sugirió modificar el artículo que establece un impuesto único del 8% a la utilidad en la enajenación de acciones, para que cumpla con los principios de progresividad.
Peña propuso una tabla con porcentajes del 0 al 10% de impuesto, sin que se afecte a las transacciones realizadas en las bolsas de Valores.
El Comité Empresarial, en un comunicado emitido ayer, instó a la Asamblea a que apruebe el proyecto. El gremio dijo estar confiado en que el accionar de los legisladores “estará por encima de cualquier diferencia política o ideológica” y primará el pragmatismo.
Tras la aprobación de la Ley, el documento se remitirá al Ejecutivo para que la valide o la vete. El plazo es de 30 días.
