Ayer en la Asamblea sesionó la Comisión de los Derechos de los Trabajadores para analizar el paquete de reformas. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO
El Gobierno no quiere darle “20 centavos” más al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y ese objetivo está tomando forma.
La Comisión de los Derechos de los Trabajadores, con la mayoría de integrantes oficialistas y presidida por Betty Carrillo, allanará este camino.
Ayer realizó la última sesión previa a la aprobación del informe para segundo debate de una reforma a la Ley de Seguridad Social, que plantea eliminar el aporte del 40% que hoy realiza el Estado para el pago de jubilaciones. En su lugar pondrá un artículo general sin poner un porcentaje.
Si bien la propuesta dice que el Estado garantiza el pago de pensiones no establece en cuánto ni cómo lo hará.
Durante la sesión de ayer hubo un permanente cruce de palabras entre jubilados que asistieron a la sesión, asambleístas oficialistas y de la oposición.
La legisladora de Madera de Guerrero, Cristina Reyes, cuestionó que el organismo apruebe hoy el informe del proyecto (ver nota inferior) sin que hayan sido “correctamente explicados los informes actuariales” por parte del IESS.
También, criticó el discurso oficialista frente al tema, que calificó de “camaléonico”.
“Primero aseguraron que se eliminaba el porcentaje porque el Estado iba a dar más a las pensiones jubilares. Pero ese argumento se cae cuando en una sabatina el presidente Rafael Correa dijo que no daría un centavo más al IESS y declaró ilegítima la deuda”, increpó.
Cuestionó que no hayan sido llamados a esa última sesión los tres vocales del Consejo Directivo (representantes de empleadores, afiliados y Ejecutivo), máximo ente de control del IESS, para presentar sus observaciones al proyecto.
En su lugar, asistieron el director actuarial, Antonio Tipán, y el director general de la entidad, Andrés Ponce.
Carrillo increpó a Reyes: “usted repite que este es un tema actuarial y técnico. Ahora que está la persona que puede dar la cara en ese tema usted no ha sido capaz, por desconocimiento o por política, de preguntar. O seguramente es que usted no sabe preguntar”.
Esto encendió los ánimos en la comisión y Reyes respondió a Carrillo: “usted sí tiene derecho a decir barbaridades en la televisión como que el IESS no es de los afiliados”.
Tras esta discusión empezaron las preguntas para el director actuarial del IESS, quien al ser consultado sobre el impacto que tendrá el proyecto de ley en el pago de pensiones respondió en una frase: “De ninguna manera se suspenderá el pago. Existe dinero suficiente para cubrir las obligaciones”.
La respuesta nuevamente caldeó los ánimos entre asambleístas de oposición que exigían que se presenten estudios profundos sobre el tema, lo cual fue apoyado con aplausos de los jubilados presentes.
El último análisis presentado por el IESS sobre el proyecto de ley ya no contemplaría el 40% destinado para las pensiones.
Tipán explicó que ese estudio analiza las condiciones de aportación de las amas de casa que serán incorporadas con el proyecto de ley, tipo de pensión y también el cambio en el aporte estatal para pensiones.
“El análisis se hace sin considerar el aporte del Estado porque en el proyecto de ley ya no existe el 40%, mal podría yo poner eso en las simulaciones”.
El estudio determina, según dijo, que es necesaria una prima del 13,25% para cumplir con las obligaciones futuras que tenga el fondo de pensiones. Hoy, el aporte del trabajador para pensiones es del 9,74%.
Fausto Cayambe, asambleísta de Alianza País y miembro de la Comisión, dijo que se han analizado varios escenarios y no significa que subirá necesariamente el aporte al IESS.
“No vamos a incrementar el aporte, puede reajustarse. Del total del aporte total al IESS, una parte va para discapacidad y el resto se distribuye para pensiones de salud, eso hay que modificar. Se bajaría a cesantía, riesgos del trabajo y se subiría a pensiones”, dijo.
Otro escenario es modificar la tasa de incremento de pensiones jubilares para ampliar la vida del fondo de pensiones.
Actualmente, el Instituto de Seguridad Social está obligado a aumentar las pensiones cada año, de acuerdo a una tabla que va del 4,31 al 16,16%. Cayambe dijo que se analiza incorporar un artículo en el proyecto para limitar este incremento y que sea solo según la inflación (4%). Con ello, recién habría déficit en el 2047, diez años más que lo previsto.
El exdirector del IESS, Marco Morales, sostiene que el retiro del aporte del Estado para el pago de pensiones futuras afectará al Instituto. “Tan es así que ya hablan de incrementar el aporte y reformular el pago de la pensión”.
“Esto confirma que hay afectaciones. Se debe asegurar que en 30 o 40 años existan las reservas para pagar las pensiones, no si tendrá superávit el fondo. Sin saber qué porcentaje pondrá el Estado cómo se hacen esos análisis”.
