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La iniciativa de consulta popular empieza a sumar apoyo político

La secretaria Jurídica de la Presidencia, Johanna Pesántez y el secretario de la Política, Miguel Carvajal, entregaron las preguntas de la consulta popular a la Corte Constitucional, este 2 de octubre. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO

La secretaria Jurídica de la Presidencia, Johanna Pesántez y el secretario de la Política, Miguel Carvajal, entregaron las preguntas de la consulta popular a la Corte Constitucional, este 2 de octubre. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO

La secretaria Jurídica de la Presidencia, Johanna Pesántez y el secretario de la Política, Miguel Carvajal, entregaron las preguntas de la consulta popular a la Corte Constitucional, este 2 de octubre. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO

La iniciativa del presidente Lenín Moreno, para consultar a la ciudadanía sobre siete temas, recibió el respaldo de varios sectores políticos.

El movimiento Creo, liderado por Guillermo Lasso, anunció que votará sí, en todas las interrogantes que pasen a la papeleta. Sin embargo, el excandidato presidencial aclaró que no es un apoyo al Jefe de Estado, sino a los principios que plantea en la consulta popular.

Lo mismo hicieron los dirigentes de Unidad Popular. Pero su presidente, Giovanni Atarihuana, advirtió que estarán pendientes de los temas que quedaron por fuera de la iniciativa. El respaldo también ha llegado desde los legisladores del Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática y de SUMA.

En Alianza País, no obstante, no hay una posición consensuada ni en el bloque legislativo ni en la Directiva. Hay quienes respaldan la propuesta íntegra y quienes rechazan varias preguntas, especialmente aquellas sobre la reelección indefinida, el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y la Ley de Plusvalía.

La propuesta de Moreno se divide en dos partes: cinco preguntas para un referendo y dos para una consulta popular.

El documento entregado a la Corte Constitucional (CC) consta de 34 páginas, en las que el Mandatario expone sus argumentos. De ser aprobadas, las preguntas implicarán la enmienda de ocho artículos de la Constitución y dejar sin efecto dos de las enmiendas, aprobadas durante el Gobierno anterior, por la mayoría oficialista en la Asamblea.

Asimismo, se reformarán 11 artículos de cuatro cuerpos legales: la Ley Electoral, la Ley de Servicio Público, el Código Integral Penal y el Código de Ambiente. Y, finalmente, da paso a la derogación de la Ley de Plusvalía y la creación de una nueva ley para el Cpccs.

La Sala de Admisiones de la Corte, conformada por las juezas Tatiana Ordeñana, Ruth Seni y Wendy Molina, sesionará mañana, a las 10:00, para iniciar el proceso de calificación.

Si la propuesta es admitida a trámite será sorteada a un juez, quien realizará un informe para presentarlo al Pleno.

Tanto el presidente Moreno como varios de sus ministros esperan celeridad por parte de los jueces. Ya que, como lo dijo el secretario de Gestión de la Política, Miguel Carvajal, este tema ha generado expectativa en la ciudadanía.

Si la consulta califica irá al Consejo Nacional Electoral, para que convoque a votaciones.


1. Muerte civil por corrupción 

¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes, según lo dispuesto en el Anexo 1?

Los megacasos de corrupción en Ecuador estallaron entre mayo y diciembre del 2016. Primero fue Petroecuador (15 de mayo) y luego Odebrecht (21 de diciembre). Desde entonces han sido capturados, entre otros, dos exministros de Estado, dos exgerentes de la estatal petrolera y desde el lunes está recluido en la Cárcel 4 el vicepresidente Jorge Glas.

Pero también está prófugo el excontralor Carlos Pólit. En medio de todas las investigaciones, Lenín Moreno llegó a la Presidencia y el 24 de mayo ofreció una cirugía mayor contra la corrupción. Ahora, el país deberá acudir a las urnas para decidir el tema.

Cuatro meses antes de que Moreno llegara al poder, la organización Transparencia Internacional (TI) había difundido los índices en torno a la percepción de corrupción-2016 y reveló que Ecuador cayó un punto con relación al 2015: de 32 a 31 (cero significa altos niveles de ilegalidades y 100 lo contrario).

Según esos estudios, los Panama Papers, de donde surgió el caso Petrocuador, empeoraron los niveles de percepción que la gente tiene sobre irregularidades cometidas.

En el 2008 ya se intentó hacer frente a la corrupción y en la Constituyente se creó el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, Moreno también plantea cesar a los miembros de este ente.

El documento, en el que constan los argumentos de la consulta, dice que es necesario que el Estado establezca normas que protejan los intereses nacionales.

Para ello se propone impedir a los ciudadanos que hayan sido condenados por delitos relacionados con actos de corrupción reincorporarse o participar de funciones públicas, así como imposibilitar que celebren contratos con el Estado.

Además -en el documento- se habla de la necesidad de establecer sanciones que alcancen a las organizaciones y personas jurídicas del sector privado, que sean usadas como herramientas para la ejecución de actos delictivos que atentan contra la eficacia de la administración publica.

La idea es que también “los bienes mal habidos y el producto de los actos de corrupción sean revertidos el Estado”, para realizar obras.


2. Reelección indefinida 

¿Para garantizar el principio de alternabilidad, está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015, según lo establecido en el Anexo 2?

La propuesta para eliminar la reelección indefinida plantea dos enmiendas: al artículo 114 y al 144 de la Constitución.
La primera implica retornar al texto original de la Carta Magna de Montecristi. Es decir, que “las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo”. La segunda parte del artículo se mantiene igual: quienes postulen para un cargo distinto al que ejercen deberán renunciar.

La segunda hace lo mismo. Agrega las palabras “por una sola vez” al artículo que habla sobre la reelección del Primer Mandatario y el periodo presidencial, que se sigue manteniendo en los tradicionales cuatro años de duración.

Pero, además, los anexos para esta pregunta incluyen dos disposiciones generales, para su aplicación. Una implica dejar sin efecto los artículos 2 y 4 y la disposición transitoria segunda de las enmiendas constitucionales, aprobadas durante el periodo pasado.

El 3 de diciembre de 2015, la mayoría de Alianza País en la Asamblea Nacional aprobó el proyecto remitido por el expresidente Rafael Correa, en el cual se permitió la reelección indefinida.

Sin embargo, dada la coyuntura del final de su periodo presidencial, Correa incluyó una disposición transitoria, la segunda, para que la reelección entre en vigencia solo a partir del 24 de mayo de 2017. Es decir, cuando él entregase el cargo. Fue por eso que varios legisladores, oficialistas y de oposición, y él mismo, no pudieron participar en las últimas elecciones.

El presidente Lenín Moreno busca, con esta nueva enmienda, incluir otra disposición general sobre este tema. Es un candado, para evitar que cualquier persona que haya sido reelecta desde la entrada en vigencia de la Constitución de Montecristi pueda postular nuevamente.

Es decir que, de aprobarse la segunda pregunta del referendo, todos quienes hayan ejercido dos veces, desde 2008, el cargo de Presidente de la República, asambleístas, parlamentarios andinos, prefectos, alcaldes, concejales o vocales de junta parroquiales ya no podrán volver a postularse. Uno de ellos es el exmandatario Rafael Correa.


3. Consejo de Participación

¿Está de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el período constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus períodos, de acuerdo al Anexo 3?

Cuatro enmiendas constitucionales propone el presidente Lenín Moreno sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Los consejeros ya no serán elegidos por concurso. Sino en las urnas, cada cuatro años, en las elecciones seccionales.
Los candidatos no podrán ser presentados por los partidos políticos ni tampoco podrán ser afiliados a estos. Deben tener “trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, en la lucha contra la corrupción”.

El período de los integrantes de la entidad se reducirá de cinco a cuatro años. En caso de que sean destituidos en un juicio político serán reemplazados por sus suplentes.

La primera elección popular de los consejeros sería en 2019. Desde la aprobación de la consulta se instalará un régimen de transición que se iniciará con la cesación de los actuales miembros del Cpccs.

Se conformará un Consejo transitorio con siete miembros electos por la Asamblea Nacional de entre ternas enviadas por el Mandatario. En caso de que el Legislativo no nombré estos cargos en 20 días se posesionarán a los primeros de cada terna.

Los miembros de esta instancia tendrán fuero de Corte Nacional y serán sujetos a juicio político. Deberán proponer reformas para fortalecer la transparencia, la participación ciudadana y el
combate a la corrupción.

El Consejo de Transición tendrá seis meses para evaluar a las actuales autoridades nombradas por el Cpccs, incluso podrá destituirlas. Y empezar nuevos procesos de selección de los funcionarios.

Entre otros, los titulares de la Fiscalía, Contraloría y Consejo Nacional Electoral. Los magistrados de la Corte Constitucional (CC). Y los titulares de las siete superintendencias.

Los procesos de designación que esté llevando el actual Cpccs se suspenderán desde la proclamación de los resultados de la consulta.

Y los consejeros cesados del Cpccs, así como los integrantes del Consejo de Transición, no podrán ser candidatos para el nuevo Consejo.

Una vez aprobada la consulta, el Presidente enviará un proyecto de reformas al Cpccs, en 30 días. La Asamblea lo aprobará en 60 días.

4. Imprescripción de delitos

¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, según el Anexo 4?

La agresión sexual en contra de 41 niños que estudiaban en un colegio del sur de Quito prendió las alarmas en el país. A raíz de ese caso se conoció que entre el 2012 y el 2016, el Ministerio de Educación abrió procesos administrativos en contra de 340 docentes señalados por abuso de menores.

Este tema incluso ha sido tratado en instancias internacionales.
El 28 de noviembre del año pasado, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (ONU) reiteró su “consternación ante la persistencia de casos de abuso y violencia sexual a menores en centros educativos del Ecuador”. Por eso instó al Estado para que continuara “adoptando medidas necesarias para prevenir y eliminar estos casos”.

Pero el Comité también llamó al Estado a velar por las víctimas y a acompañarlas en los juicios hasta que reciban una reparación integral.

Al plantear este tema en la consulta, el Gobierno cita las normas que protegen a los menores de edad, como la Declaración de Ginebra de 1924, el Pacto de San José, la Convención sobre los derechos del niño y la Constitución.

Por eso se dice que el Estado prestará “especial protección” a las personas en condición de doble vulnerabilidad”.

Además, se indica que la garantía de cuidado y protección especial de los menores “debe estar constitucionalmente establecida, convirténdose así en una obligación fundamental del Estado, pues el reconocimiento y la materialización del interés superior de este grupo conlleva a que el Estado adopte las acciones y procesos para el desarrollo integral…”.

De allí que se advierte que la enmienda constitucional habría que incluirse dentro del artículo 46 de la Constitución de la República, luego de que se realice el trámite para su aprobación en la Asamblea.

En el país, el Ministerio de Educación tiene un protocolo establecido en la Ley Orgánica de Educación Intercultural para tratar los casos relacionados con los abusos.

En el artículo 369 se habla de un plan de contingencia para que los estudiantes sean acogidos en otras instituciones educativas, a fin de garantizar su derecho a que cumplan con la educación.
Las autoridades dicen que además del cambio a otra escuela de los niños afectados, se activa el apoyo psicológico para ellos. Pero hay padres que dicen no recibir la ayuda.

5. Minería en áreas sensibles 

¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 5?

El gobierno de Rafael Correa impulsó la minería como una nueva actividad que genere réditos para la economía. Según el plan de Desarrollo del sector, el objetivo era que aporte con el 4% del Producto Interno Bruto, en el 2020. Para este año se calcula el 2,3%.

Para ello, impulsó proyectos de gran escala como Fruta del Norte y Mirador (Zamora Chinchipe), Río Blanco y Loma Larga (Azuay) y San Carlos Panantza (Morona Santiago). Lo hizo con la promesa de vigilar para que estas actividades se hagan con el máximo cuidado ambiental.

Además, hay otros 12 descubrimientos importantes con reservas de oro, plata, cobre, titanio y molibdeno.

El actual Gobierno ahora busca tomar distancia. La pregunta sobre minería, según el argumento del Ejecutivo, busca garantizar lo establecido en la Constitución de ir hacia un nuevo modelo económico no extractivista, sustentado en el principio del buen vivir o Sumak Kawsay.

La extracción de recursos naturales, señala el Gobierno, atenta contra la naturaleza, la cual brinda recursos limitados. La pregunta implicará evitar el avance de la frontera minera en áreas sensibles, donde se ha generado polémica, protestas y enfrentamientos.

El pasado 14 de diciembre, por ejemplo, hubo un enfrentamiento en el campamento La Esperanza (San Carlos de Panantza). Allí falleció el policía José Mejía, hubo siete heridos y el Gobierno decretó el estado de excepción.

Ese conflicto empezó el 11 agosto de 2016 cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia y la Federación de Centros Shuar denunciaron el desalojo de un grupo de indígenas.

Los problemas también se registraron con los proyectos Río Blanco y Loma Larga (Azuay) y Mirador (Zamora Chinchipe). En este último caso hubo una polémica en febrero del 2016 por el supuesto desalojo de una anciana. El Régimen lo desmintió.

En Azuay hay oposición de los comuneros de los sistemas de agua. En Zaruma, por su parte, hay daños en la infraestructura del cantón orense por la actividad minera ilegal y rige el estado de excepción.

6. Ley de Plusvalía

¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocida como “Ley de Plusvalía”, según el Anexo 1?

El sector de la construcción lleva 24 meses consecutivos con cifras negativas. Si bien factores como la recesión económica explican, en parte, ese desempeño, los constructores también atribuyen esta situación a la Ley de Plusvalía.

Esta normativa fue presentada, inicialmente, en mayo del 2015, ante la Asamblea Nacional. El mensaje del Gobierno para tramitar esta normativa era poner fin a la especulación de la tierra. Sin embargo, esto desató una serie de manifestaciones en ciudades como Quito y Guayaquil.

Ante el incremento de las protestas, el exmandatario Rafael Correa retiró temporalmente este proyecto de la Asamblea, en junio del 2015, debido a que estaba próxima visita del papa Francisco. Sin embargo, esta se presentó nuevamente en diciembre del año pasado.

Este proyecto llegó al Legislativo con el carácter de económico urgente. Y fue aprobada a fines del 2016.

Para el sector de la construcción este proceso de tramitación de la Ley de Plusvalía afectó al empleo y actividades relacionadas con este sector: venta de materiales, inmobiliarias, obras y otras.

Cifras del Banco Central del Ecuador demuestran que esta actividad lleva contraída 8 trimestres consecutivos. La última cifra, que corresponde a abril, mayo, junio del 2017, revela que esta industria cayó un 7,9%, con relación al mismo período del 2016. Esta cifra es la más baja con relación al resto de actividades productivas del país.

El tema se discutió en el Consejo Consultivo, Productivo y Tributario, creado en junio del 2017 por el actual Gobierno, que lo catalogó como tema prioritario a revisar. Sin embargo, en este tema, al final, no hubo acuerdos entre el sector público y privado.

El presidente Lenín Moreno ya se había pronunciado sobre esta norma. A fines de julio pasado, en su informe semanal, dispuso la revisión de la Ley de Plusvalía. Esto generó diferencias entre los legisladores oficialistas y de oposición, aunque el Ejecutivo no presentó oficialmente ninguna propuesta de reforma de Ley de Plusvalía.

Para el sector inmobiliario, esta normativa no ha aportado al país y, por el contrario, ha hecho que cada día se pierdan 135 empleos directos en el sector. Además, según datos de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas de Ecuador, la venta de viviendas ha caído.

7. Explotación del Yasuní

¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50 000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1 030 hectáreas a 300 hectáreas?

La explotación petrolera en el Yasuní Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), conocido también como bloque 43, será otra vez parte del debate público.

Este tema fue discutido en el Gobierno anterior, aunque las iniciativas impulsadas por el Estado y colectivos ciudadanos no se concretaron.

Inicialmente, en el 2007, el Gobierno del expresidente Rafael Correa propuso mantener bajo tierra las reservas de crudo en el Yasuní ITT a cambio de la cooperación internacional. Mediante este mecanismo se esperaba recaudar alrededor de USD
3 600 millones. Pero solo se obtuvieron 336,6 millones.

Ante esto, en agosto del 2013, el exprimer mandatario anunció que empezará la explotación en esta área megadiversa. Entonces se esperaban ingresos por USD 18 000 millones en 30 años.

Esto provocó la reacción de colectivos ciudadanos, quienes se manifestaron en contra de explotar el bloque 43, pero esto no detuvo la decisión tomada por el Gobierno. A esta decisión se sumó otra de la Asamblea. En 2013, 108 legisladores declararon de interés nacional la explotación del ITT. Las operaciones arrancaron tres años más tarde.

En este período, el colectivo Yasunidos inició un proceso para someter a consulta una pregunta que tenía como fin mantener indefinidamente bajo tierra las reservas en esta área. Se presentó el pedido a la Corte Constitucional el 22 de agosto del 2013.

Luego se gestionó ante el Consejo Nacional Electoral los formularios para recolectar las firmas de apoyo necesarias: alrededor de 583 000. Y en abril del 2014 se presentaron, según Yasunidos, unas 757 000 rúbricas. El CNE informó, el 6 de mayo, que no todas cumplían los requisitos.

La explotación de Tiputini empezó en marzo del 2016. Y estaba previsto que Tambococha haga lo propio en noviembre próximo. En el ITT se estima que hay 1 456 millones de barriles en reservas.

La pregunta planteada ahora por el Gobierno no deja claro cómo queda el proyecto ITT. En días pasados, el Ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, anunció que Ecuador aspira a elevar su producción petrolera hasta 700 000 barriles diarios de crudo en el 2021 dentro de una política para hacer frente al déficit fiscal. Hoy produce 540 000.

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