EI Ejecutivo vetó parcialmente a Ley de Desaparecidos

El veto fue remitido a la Asamblea con fecha 22 de noviembre del 2019. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

El veto fue remitido a la Asamblea con fecha 22 de noviembre del 2019. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

El veto fue remitido a la Asamblea con fecha 22 de noviembre del 2019. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

El presidente de la República, Lenín Moreno, envió a la Asamblea hoy, lunes 25 de noviembre del 2019, su veto parcial al proyecto de Ley Orgánica de Actuación en casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas.

El documento contiene alrededor de 50 observaciones al texto de 65 artículos y 13 disposiciones, que fue aprobado por el Pleno el 24 de octubre pasado.

Marcelo Simbaña (Creo), quien forma parte de la Comisión Especial encargada de tramitar el proyecto, consideró hoy, lunes 25 de noviembre, que se tratan de objeciones "de forma" al cuerpo legal.

Así, por ejemplo, se define a la desaparición como "la ausencia de una persona de su núcleo familiar o entorno, sin que se conozca el paradero o las causas que la motivaron" y añade que para efectos de la aplicación de la ley eso puede darse de manera involuntaria o voluntaria.

En relación a la propuesta de conformar un sistema de búsqueda de personas desaparecidas, el Ejecutivo precisa que esto "no supone la creación de nuevas entidades de derecho público que pueden ejercer atribuciones, sino más bien, corresponde el establecimiento de una instancia de articulación de acciones para finalidades determinadas que aborden" esta problemática.

"Si bien la presente ley aborda un tema particular dentro del cual el Estado ecuatoriano deberá desarrollar nuevas acciones específicas para la atención de la problemática de la mejor manera, los principios rectores y las máximas jurídicas respecto de la responsabilidad del Estado frente al irrestricto respeto de los derechos de todas las personas, no pueden ser alterados o asimilados a una obligación solidaria", añade.

El veto fue remitido a la Asamblea con fecha 22 de noviembre. La Legislatura tiene 30 días para allanarse o ratificarse en el proyecto inicial.

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