El viceministro Patricio Pazmiño manifestó que el proyecto de Ley de Reformas al Código de la Función Judicial es fundamental en la lucha contra la impunidad. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
El secretario Anticorrupción, Iván Granda, entregó hoy, lunes 2 de septiembre del 2019, a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial.
El funcionario explicó que el objetivo es permitir la creación de jueces distritales contra la corrupción y el crimen organizado, además de fiscales en esta materia. Indicó que este modelo se ajusta a estándares internacionales y ya se aplica en otros países como Colombia y Perú.
La propuesta también apunta a generar cambios para que los sospechosos de actos de corrupción no sean anticipados sobre allanamientos u otro tipo de diligencias, pues adujo que esto “atenta contra la justicia y el criterio de justicia de lucha en contra de la corrupción, de no impunidad y de lucha en contra del crimen organizado”.
“Lo que queremos es que no ocurra lo que nos ha pasado en Quinindé, en Los Ríos, en Quito, que cuando se plantea un seguimiento, una vigilancia, una escucha legalmente judicializada o un allanamiento, los jueces generen procesos de notificar al que a ser allanado o investigado”, señaló.
El Gobierno, dijo Granda, “dará todas las facilidades para que el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía hagan su trabajo” y pueda funcionar el esquema planteado.
Patricio Pazmiño, viceministro de Seguridad del Ministerio de Gobierno, aseveró que esta propuesta representa una herramienta para que la justicia actúe de manera “eficaz y oportuna” en estos delitos, y otorgar a los operadores judiciales las garantías para que actúen con mayor celeridad y tranquilidad.
El presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), se comprometió a tramitar esta propuesta como una de las prioridades. En el Parlamento ya se analizan temas como el comiso anticipado para actos de corrupción, dentro del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La propuesta debe ser calificada por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) y remitida a la Comisión de Justicia, en donde ya se adelantan cambios en materia de la Función Judicial.