Ministra de Justicia dice ante la ONU que en Ecuador se respetan los 'derechos fundamentales'

La delegación ecuatoriana en Ginebra está encabezada por Ledy Zúñiga, ministra de Justicia. Foto: Cortesía

La delegación ecuatoriana en Ginebra está encabezada por Ledy Zúñiga, ministra de Justicia. Foto: Cortesía

La delegación ecuatoriana en Ginebra está encabezada por Ledy Zúñiga, ministra de Justicia. Foto: Cortesía

Las intervenciones en el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se desarrollarán entre este martes 8 y miércoles 9 de noviembre del 2016. En su pronunciamiento de hoy, la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, dijo que la suscripción de 57 instrumentos internacionales -tanto en Naciones Unidas como en el Sistema Interamericano- “permite afirmar que el Ecuador es una nación que cumple, respeta y promueve el ejercicio de los derechos fundamentales”.

Estas declaraciones se dan en el marco de la reunión que este organismo convocó en Ginebra durante dos semanas para cumplir con la revisión que hace periódicamente del cumplimiento por parte de los Estados de la Convención Internacional contra la Tortura.

Zúñiga dijo que en el 2011 se creó el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, para verificar el respeto a los derechos humanos en los centros de privación de libertad, unidades de investigación, recintos policiales y militares.

Este Mecanismo está a cargo de la Defensoría del Pueblo, entidad a la que se le asignaron USD 14,3 millones. Eso habría permitido mantener el personal y proyectos adecuados “para desempeñar su labor con eficacia, de conformidad con lo establecido en el Protocolo facultativo a la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

En el 2013, en el primer informe del Mecanismo nacional de prevención de la tortura, sobre las visitas pormenorizadas y de seguimiento a 7 358 personas privadas de la libertad (PPL) en 17 centros de privación de la libertad, se destacó que el trato que las autoridades y personal de custodia dan a las PPL, garantiza su integridad personal y aseguran condiciones básicas para su desarrollo integral y rehabilitación en el contexto de privación de la libertad.

En su intervención, la Ministra de Justicia destacó que la inversión del Gobierno de USD 340 millones, desde el 2012, permitió la construcción de tres centros de rehabilitación social con una capacidad adicional de 12 074 nuevas plazas, así como la repotenciación y adecuación de los centros de privación de libertad del país.

A esto se suma -dijo- la reconstrucción total de la expenitenciaria del Litoral en Guayaquil, el segundo mayor centro penitenciario del país, con 4 800 plazas habilitadas.

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