Audiencia de formulación de cargos en contra de María Sol Larrea,en el Complejo Judicial Norte, este lunes 2 de diciembre del 2019. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
María Sol Larrea vuelve a la cárcel. El juez Máximo Ortega ordenó su prisión preventiva la tarde de este lunes 2 de diciembre del 2019, en el sexto proceso impulsado en contra de la exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Asimimo, se dictaron medidas cautelares para su esposo Marcelo Espín y su cuñado, Carlos Espín.
Los tres, más seis empresas familiares, son procesados por un supuesto lavado de activos. La imputación fue hecha en audiencia de formulación de cargos por el fiscal Mario Andrés Muñoz, de la Unidad Antilavado.
Esta decisión judicial se produjo nueve horas después de que se instalara la audiencia de formulación de cargos, en el Complejo Judicial Norte (Quito). La diligencia se inició a las 08:45 en la sala 405, y finalizó cerca de las 17:00, con la resolución del juez.
A esta diligencia acudió Larrea, quien se encuentra con arresto domiciliario por otro delito respecto a la importación de medicamentos para el IESS. Ella estuvo acompañada de sus abogados y de personal de la Policía.
El agente investigador señaló que Larrea y los demás sospechosos constituyeron empresas y adquirieron acciones en compañías que proveían servicios médicos. Entre el 2008 y 2016, estas firmas recibieron contratos con el IESS por USD 35 millones.
El fiscal también señaló que, en el 2018, luego de la que pareja fuera sentencia por enriquecimiento ilícito y enriquecimiento privado no justificado, traspasaron bienes y acciones de empresas a nombre de sus hijos y cuñado. A este último le otorgaron un poder especial con la facultad de realizar cualquier transacción de los esposos Espín-Larrea.
El fiscal sostuvo que, desde agosto del 2017 hasta el viernes 29 de noviembre del 2019, mientras se encontraba cumpliendo otras sentencias por tráfico de influencias, peculado y enriquecimiento ilícito, María Sol Larrea recibió un salario mensual de USD 5 600 provenientes de tres compañías con las que aún tiene relación.
Sobre la prisión preventiva, Muñoz dijo que Larrea no tiene inmuebles a su nombre en el país. De hecho, indicó que ella adquirió un departamento en el 2015, ubicado en Estados Unidos, y valorado en USD 440 000, cuyo pago se hizo en efectivo. Por todo esto, agregó que hay peligro de que salga del país.
En el caso de presunto lavado de activos, la fase de investigación pública o instrucción fiscal durará 90 días.