Caracas. ANSA
Las personas procesadas por protestar o “expresar su inconformidad” en los últimos nueve años en Venezuela suman 2 220. Así lo revela la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
Entre las principales víctimas de las protestas se incluyen 1 507 campesinos del movimiento oficialista Jirajara, en libertad condicional desde abril tras apoyar acciones contra el latifundio que promueve el régimen del presidente Hugo Chávez. Así lo señala el informe de Provea, considerado opositor al Régimen, citado por el diario El Universal.
En su reporte, Provea suma también 150 trabajadores con expedientes abiertos en el Ministerio Público por ejercer, dice, sus derechos a la manifestación y asociación, así como 120 estudiantes universitarios que tienen investigaciones penales por protestar contra el fin de la concesión a Radio Caracas Televisión.
“Estas cifras son conservadoras, porque hay casos como las manifestaciones de las barriadas y caseríos, que no salen a la luz pública. Hay muchos dirigentes comunitarios sometidos a procedimientos por protestar”, dijo Marino Alvarado, director de Provea.
Dirigentes del Gobierno y del oficialismo niegan que se criminalice la protesta en el país, como ha denunciado la oposición a escalas nacional e internacional.
El lunes, el alcalde de Caracas y dirigente oficialista Jorge Rodríguez aseguró que el derecho de protesta está garantizado en el país, mientras no se pretenda “subvertir el orden y tranquilidad de la mayoría de las personas”.
La oposición se prepara a marchar el sábado 5 en defensa del derecho a protestar que consideran amenazado, luego que la Fiscalía enjuició a 11 trabajadores de la Alcaldía metropolitana que marchaban en las calles.
La Fiscalía advirtió que acusará de “rebelión civil” a quienes “alteren la tranquilidad y la paz pública para desestabilizar al Gobierno”, según dijo la fiscal Luisa Ortega.