La Justicia indaga a ecuatoriana
Roxana Cazco.
Corresponsal en Madrid
sociedad@elcomercio.com
En portada, de casi media página y con una gran foto, el diario español El Mundo publicó anteayer la historia de la ecuatoriana Lorena C. Esta, asegura el medio, es una falsa víctima del 11-M, el mayor atentado terrorista registrado en la historia de Europa.
La publicación coincidió con el sexto aniversario de la masacre, ocurrida en Madrid el 11 de marzo de 2004. El caso empañó los actos en memoria de las víctimas de atentado, que unieran, como en pocos casos, al Gobierno y a la oposición española.
Lo cierto es que el caso de Lorena C. es investigado por la Abogacía del Estado y la Audiencia Provincial de Madrid por pedido del Ministerio del Interior.
En total, son 34 personas, cuyas declaraciones después de los atentados de Atocha están en tela de duda. Se trataría de heridos leves que aducen
trastornos psicológicos y estrés postraumático.
Los elementos de la sospecha fueron visibles para los médicos forenses de la Audiencia Nacional al percatarse de las contradicciones, imprecisiones y testimonios poco creíbles por parte de las supuestas víctimas.
Justamente, Lorena C. no fue capaz de precisar en qué vagón viajaba al momento de la explosión -antes había dicho que esperaba en el andén-, ni de dónde venía, y aducía lesiones y quemaduras que ningún médico observó, según el rotativo.
La mujer se quejaba de fuertes dolores en todo el cuerpo y de un acentuado estado de desesperación. Así lo demostró en una entrevista con la cadena V07, “Estoy muy mal, muy enferma, no tengo a nadie en este país. Tengo la incapacidad permanente, me duelen los brazos. Tengo hinchado todo esto.
Mi cabeza no funciona bien. Solo le pido que me ayude, porque nadie me ha querido ayudar”, decía alarmada. Su súplica iba dirigida al Presidente del Gobierno español, a quien le llegó a escribir una carta.
Al no encontrarle ninguna dolencia física, los médicos que la trataron le diagnosticaron reacción aguda al estrés. La norma establece para estos casos –explica José Manuel Rodríguez, director General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo- la entrega de unos 500 euros (USD 687).
Lorena C. se ha beneficiado no solo de la nacionalidad española por su condición de víctima de terrorismo, sino de una vivienda pública. Esta fue facilitada por la Comunidad de Madrid en alquiler, por un desembolso mensual bajo; y de al menos 20 000 euros (USD 27 500) en ayudas, compensaciones y ‘sueldos’ por parte del Estado y fundaciones.
A todo eso, se suma una pensión de la Seguridad Social por incapacidad durante año y medio, desembolsos para atención psicológica que no siempre justificaba y ayudas de entre 400 (USD 550) y 1 000 euros (USD 1 375)del Ministerio del Interior, publicó el matutino español.
Pilar Manjón, presidenta de la Asociación Víctimas 11 M y una de las caras más visibles después de la tragedia, reaccionó con indignación. “En mi asociación no hay nadie que haya conseguido una casa del Ivima (Instituto de la Vivienda de Madrid)”, dijo.
La Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo actuará cuando haya una sentencia judicial en contra de la mujer.
