23 de mayo de 2018 00:00

El riesgo de impartir justicia en Esmeraldas: 4 testimonios

A través de una videoconferencia, los jueces de la frontera expusieron su situación. Foto: EL COMERCIO

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Redacción El Comercio

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Tienen miedo. No dan detalles y piden no ser identificados. Cuatro jueces de la frontera norte cuentan cómo han sido atemorizados desde que un coche bomba estallara en el cuartel policial de San Lorenzo, el 27 de enero del 2018. A uno de ellos lo acosaron. El guardia descubrió que dos personas fotografiaban la vivienda.

Pero antes había sido interceptado por dos vehículos, mientras se movilizaba entre San Lorenzo y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Los conductores de esos automotores le obligaron a salir de la carretera y cuando se orilló no dijeron nada y huyeron.

El juez cree que es una guerra psicológica, por los cuatro juicios que tiene en su poder y que están relacionados con los disidentes de las FARC.

La tarde y noche del lunes, el magistrado se comunicó con Freddy Sarzosa, policía activo, experto en seguridad; y con Ricardo Camacho, consultor en seguridad de la Judicatura.

Ellos estaban en el noveno piso del Complejo Judicial Norte, en Quito, e iban a impartir recomendaciones de seguridad a los jueces de frontera.

Durante dos horas, él y otros tres jueces que trabajan en Esmeraldas expusieron cómo está la zona, la influencia de las mafias, la falta de atención del Estado y cómo han sido atemorizados.

Es la primera vez que hacen una exposición de este tipo.

Un magistrado habló 30 minutos y se preguntó por qué los policías no han tenido resultados contra la delincuencia, pese a que han permanecido “tanto tiempo” en la frontera. “Más bien (se decía) que los delitos bajaron en esos sectores”.

Además cuestionó que el Estado no haya tenido una “verdadera presencia” policial ni militar en Mataje. “No ha existido un auténtico control que dé resultados”. Y de San Lorenzo, aseguró que algunas personas no viven de actividades legales sino del narcotráfico.

Luego se presentó otro juez. Él también está atemorizado. En marzo, personas desconocidas llamaron a su esposa y la amenazaron con matar al judicial. Luego vio que personas desconocidas fotografiaban a su hija.

Cree saber que toda la presión es por los siete juicios que tiene en su despacho y en los que están procesados disidentes de las FARC. Ahora está protegido por policías de cuerpos élite, como el GOE.

El Ministerio del Interior dice que agentes especializados de ese grupo, del GIR y del servicio antidrogas GEMA están desplegados en Esmeraldas para reforzar la protección.

Además, cada funcionario tiene un agente fijo.

Pese a esta protección, el juez advierte que el riesgo de una posible agresión está latente. Otra jueza cree lo mismo y que la familia también puede ser blanco de atentados.

Ella conoció un caso relacionado con el jefe de los disidentes y cuenta que eso fue “terrible” y que estuvo angustiada tres semanas “sin poder realizar el trabajo con tranquilidad”. “Cuando supe que iba a conocer este caso, psicológicamente me acabé, me destrocé. No supe cómo continuar una audiencia (que tenía en ese momento). Ahí tuve claro cuán grave era tener un proceso de prisión preventiva contra ocho personas de este grupo (Frente Óliver Sinisterra)”.

Antes, ella había sido parte de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos durante dos años y asegura que la protección al entorno familiar “se queda corta”. “El Estado le debe a la provincia de Esmeraldas 50 años de atraso”.

Otra jueza de frontera señala igualmente al Estado e indica no haber recibido ayuda psicológica. “Se vive con una psicosis de que en cualquier momento algo nos puede pasar”.

Tras escuchar a todos, el capitán Sarzosa sugirió, por ejemplo, no difundir información personal ni familiar en redes sociales, difundir las medidas con la familia. “El momento es distinto; ahora están sujetos a amenazas a sus familias o a sus bienes, secuestros, extorsión. El nivel de violencia se ha incrementado o se han generado nuevos delitos”.

Por estas cosas, la Judicatura también intervino la Unidad Multicompetente de San Lorenzo. Colocaron detector de metales en la puerta principal, cámaras de videovigilancia en todos los pisos y detectores de humo. Esa intervención costó cerca de USD 20 000.

En contexto

Después de los atentados producidos en Esmeraldas, los jueces de la frontera norte denunciaron ser víctimas de amenazas. El Ministerio del Interior dice que siete magistrados de esa provincia cuentan con dispositivos de seguridad, para evitar riesgos.

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