5 de septiembre de 2018 11:25

Cartera de Justicia deja cárceles con el 38% de hacinamiento

Cartera de Justicia deja cárceles con el 38% de hacinamiento
En la gráfica se observa la cárcel de Latacunga. En estos centros se aplica un modelo de rehabilitación que incluye educación, artes, etc. Foto: Archivo / EL COMERCIO

En la gráfica se observa la cárcel de Latacunga. En estos centros se aplica un modelo de rehabilitación que incluye educación, artes, etc. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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El plazo termina el 20 de septiembre. Ese día, la Presidencia, la Senplades, la Secretaría de la Política y el Ministerio del Interior definirán qué instituciones asumirán las tareas que tiene a cargo el Ministerio de Justicia y de DD.HH.

Entre los principales temas de esa Cartera están el manejo de cárceles y rehabilitación social, la protección de víctimas y los DD.HH.; y la aplicación de sistema de vigilancia satelital o grillete electrónico.

Dos semanas después del anuncio sobre la eliminación de ese Ministerio, el Gobierno estableció una hoja de ruta, una mesa técnica y los plazos.

La viceministra de Atención a Personas Privadas de Libertad, Liliana Guzmán, habla sobre el tema carcelario y el hacinamiento de los detenidos.

Este lunes, 3 de septiembre del 2018, Eduardo Jurado, secretario General de la Presidencia, indicó que una parte de las funciones de Justicia la asumirá la Cartera del Interior, dirigida por María Paula Romo. Pero no precisó cuáles.

Durante una rueda de prensa, se refirió también al tiempo que durará el traspaso. “Con María Paula trabajaremos en los próximos 90 días para determinar cuáles son aquellas funciones del exministerio de Justicia que serían gestionadas por el Ministerio a su cargo”.

Siete organizaciones sociales, dedicadas a la protección de los DD.HH., calificaron el traspaso de estas tareas como “un retroceso”. Los activistas solicitaron que se instale una mesa de diálogo. “Exigimos de manera urgente la revisión y definición de lo que será la política pública en materia de justicia y derechos humanos. El ajuste económico e institucional no puede afectar derechos conquistados”.

En un comunicado se pronunciaron la Red de Centros de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia y sus Hijos, la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, la Red Nacional de Casas de Acogida y otros grupos.

Dentro del trabajo de protección de los derechos, el Ministerio de Justicia está a cargo de asistir a las víctimas en casos de trata, femicidio, violencia de género y delitos sexuales.

Además, está a cargo de la reparación de los derechos, a quienes sufrieron vejaciones.

En los 15 meses de gestión de la exministra Rosana Alvarado, la entidad ayudó a 101 víctimas de 546 casos documentados. La mayoría corresponde a personas vulneradas por acciones ocurridas entre 1984 y 2008, y documentadas por la Comisión de la Verdad.

Este lunes 3 de septiembre, Alvarado conversó con este Diario e indicó que el trabajo con las víctimas era tarea del Ministerio de Inclusión (MIES) y recién hace poco más de un año pasó a la Cartera que ella manejaba. Para la exfuncionaria, este trabajo lo podría volver a asumir el MIES, siempre que se incluya un enfoque de protección de derechos.

En cambio, sobre el manejo de las cárceles, centros de adolescentes en conflicto con la ley y la gestión de las casas de confianza, Alvarado advirtió que, más allá de cómo queden las competencias, en este tema no cabe una reducción de personal. Lo óptimo -sostuvo- es aumentar el número de promotores culturales, deportivos y educativos; además de contratar más terapeutas para adicciones, psiquiatras y agentes penitenciarios. También se necesita construir más infraestructura.

La exministra señaló que el problema principal de la rehabilitación social es el hacinamiento. Los datos del Ministerio de Justicia indican en mayo del 2017 había una tasa de hacinamiento del 41%; para julio pasado bajó al 38%. Esto significa que actualmente hay una población de 38 087 personas detenidas en el país.

“Es imposible que el hacinamiento se reduzca de la noche a la mañana. Lo malo es que va seguir aumentado, porque cada día ingresan el doble de las personas que salen (de las cárceles)”, agregó.

Para Alvarado, uno de los factores que agravará la sobrepoblación carcelaria es la suspensión de la colocación de los grilletes electrónicos.

La semana pasada, el Ministerio anunció la suspensión de la colocación de las tobilleras por la migración del sistema de vigilancia a un nuevo proveedor. También indicó que hay un examen en Contraloría sobre el proceso de adjudicación.

Este aspecto preocupa sobre todo a jueces y a policías. Este lunes, Juan Vizueta, director del Consejo de la Judicatura Transitorio, sostuvo que el organismo recibió las primeras quejas de los operadores de justicia (jueces y fiscales) sobre la suspensión del grillete. Pero aclaró que los jueces tienen 10 medidas alternativas a la privación de libertad, entre esas está el arresto domiciliario.

En Guayaquil, la comandante de la Policía, Tanya Valera, también se mostró preocupada por la suspensión del grillete, pues asegura que uniformados que patrullan, ahora deberán custodiar a los procesados.

En el 2017, cuando se comenzó a aplicar el brazalete electrónico, el Ministerio de Justicia calculó que por cada persona que está, por ejemplo, en arresto domiciliario se requieren tres uniformados para cuidarla. La Defensoría Pública, en cambio, calculaba que ese trabajo cuesta USD 15 diarios y que con el dispositivo electrónico el gasto para el Estado se reducía a USD 6 por día.

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