31 de mayo de 2018 00:00

Justicia canónica para sacerdotes acusados de abuso sexual

En Cuenca, colectivos organizaron la marcha ‘A romper el silencio’, de apoyo a las víctimas del sacerdote César C. Foto: Lineida Castillo / EL COMERCIO

En Cuenca, colectivos organizaron la marcha ‘A romper el silencio’, de apoyo a las víctimas del sacerdote César C. Foto: Lineida Castillo / EL COMERCIO

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Elena Paucar

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El vicario judicial de la Arquidiócesis de Santiago de Chile, Jaime Ortiz de Lazcano, se reunió con las víctimas de Luis Fernando I., en Guayaquil, el viernes 25. Ese día, el expárroco acudió al segundo llamado de la Fiscalía del Guayas, que lo indaga por presunto abuso sexual y tortura a menores.

Quienes señalan al cura son jóvenes que bordean los 30 años. Hablaron tras un silencio que ha durado 15. Han vivido en medio de juicios que se han dilatado por cinco años, llevados por la justicia ordinaria y la canónica, la de la Iglesia.

Todos eran adolescentes cuando pasaron por la ‘dinámica del pecado’, práctica rechazada por la Iglesia Católica, que investiga internamente al cura por ‘conducta inapropiada’.

“El pecado se puede enseñar de cualquier forma, pero no amarrándote, no torturándote, no dejándote en bóxer y sin camiseta. Más que justicia queremos que lo reconozca y pida perdón”, dice Andrés Vizcarra. Se identifica como sobreviviente de Luis Fernando.

El cura no ha dado entrevistas. El viernes, después de casi cinco horas de comparecencia ante la Fiscalía, dejó el edificio sin ser identificado.

El 15 de mayo, en un comunicado, pide oración. En sus 25 años de vida sacerdotal -dice- nunca tuvo amonestaciones canónicas hasta el 2013. Anunció acciones legales ante “todas las falsas acusaciones”.

Aunque un tribunal penal declaró la prescripción del caso de abuso, Patricia Morejón, fiscal del Guayas, anota que detectaron una versión con in­dicios de tortura. “Ese delito no prescribe”.

La reapertura de la indagación contra Luis Fernando I. coincidió con la visita del vicario Ortiz, delegado del Vaticano para investigar el caso Fernando Karadima, de Chile, que ha generado polémica por las irregularidades y las bajas en la Iglesia chilena por supuestos encubrimientos.

La semana anterior se recopilaron cartas de afectados para entregárselas al papa Francisco. Vizcarra dice que en la Arquidiócesis de Guayaquil hay más de 20 testimonios.

“Creemos que hay más de 60, porque nos han contactado afectados por la dinámica desde 1994. La Iglesia está investigando a un sacerdote que desestimo las denuncias, al parecer, por eso se retrasó el caso”.

Las quejas contra este expárroco de una iglesia del norte de Guayaquil llegaron en el 2013 a la Arquidiócesis. Fueron ocho testimonios, reconoció monseñor Luis Gerardo Cabrera, a mediados de mayo.

La investigación de la Iglesia está a cargo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que recopila pruebas. Contra Luis Fernando I. se tomaron dos medidas cautelares en los cinco años de investigación: en 2013 le prohibieron “ejercer el ministerio sagrado” y en el 2014 se le impidieron la docencia y “el ministerio sacerdotal”.

Monseñor dijo que no las cumplió. Por eso, el 2016 emitieron un “decreto de dimisión del Estado Clerical”, en fase de apelación extraordinaria.

En la justicia ordinaria el caso solo contaba con dos testimonios y por eso prescribió. El arzobispo Cabrera dijo que no cedieron los ocho testimonios por “ser dos campos distintos”. “Nosotros juzgamos de otra manera, otros motivos”.

Sandra es la madre del primer afectado que habló. Su hijo tenía 16 años cuando pasó por la dinámica. Contó lo ocurrido cuando iban a inscribir a su hermano menor en catequesis con el cura.

“El reclamo no es contra la Iglesia, es contra el encubrimiento. Ese sacerdote nombraba a expresidentes para mostrar su poder. Parece que lo tenía, ha pasado tanto tiempo para que nos escuchen”.

En Ecuador, a más del caso de Luis Fernando I. está el del sacerdote Pedro Vicente G., que el 12 de mayo recibió una sentencia de 20 años por violación a una menor en Guayaquil; y el de César C., en Cuenca, investigado por abuso sexual, hace más de 50 años.

Andrés y su esposa dirigían el coro en la parroquia a cargo de Pedro G., en el centro-sur de Guayaquil. En el 2012, bajo confesión, una de las coristas reveló que era víctima de acoso sexual. Su testimonio destapó otras historias de estupro y abusos a niñas y jóvenes monaguillos y de las catequesis.

“En ese año, mi esposa ya había hablado con una autoridad de la Iglesia tres veces y no hicieron nada. Ese hombre era un monstruo”, reclama Andrés. Su hija fue otra víctima.

El 2013 fue suspendido tras un juicio eclesial. Pedro G. se despidió de su congregación en una misa y desapareció. Estuvo prófugo hasta el 2017.

Santiago Sánchez, defensor de esa familia, pidió que la pena se incrementase a 29 años. “Hay más víctimas que lo denunciaron ante la Curia. Cuando la Fiscalía les pidió copias certificadas, se escudaron en el código canónico, dijeron que eso está prohibido”.

En Cuenca, la estatua de César C. fue retirada luego de que la Fiscalía receptara cinco denuncias de abuso sexual, que habrían ocurrido hace más de 50 años. Marcelo, de 64, rompió el silencio. “Denuncio a este psicópata, que abusó de mí desde los 7 hasta los 10 años”.

Lo dijo en la marcha protagonizada por más de 3 000 alumnos de 20 planteles, realizada en Cuenca, el martes (29 de mayo del 2018).

Un año atrás, los sobrevivientes de Luis Fernando I. llegaron a los grupos de apoyo de Ecuador Dice No Más. Paola Andrade, su directora, recuerda que pasaron por un proceso hasta denunciar.

No todos recriminan al sacerdote. Quienes lo respaldan han creado una página en Internet para colgar sus testimonios. Hasta hoy, la Iglesia ofreció responder por las denuncias que se han recopilado.

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