Santiago de Chile, DPA
La justicia chilena resolvió hoy anular el juicio tributario contra un hijo del ex dictador Augusto Pinochet, el empresario Marco Antonio, y la secretaria de su fallecido padre, Mónica Ananías. La decisión fue adoptada luego de que el Servicio de Impuestos Internos no presentara querellas en su contra, en el proceso que indaga el origen de la fortunas acumulada por la familia Pinochet.
Las pesquisas judiciales apuntaban a que el fraude tributario total ascendía a unos 2,7 millones de dólares. Los montos mal habidos sumarían otros 28 millones de dólares, según la Justicia. El Servicio de Impuestos Internos no aclaró por qué no presentó la querella.
Tampoco hubo una reacción del gobierno de Michelle Bachelet hasta ahora. Tras años de investigaciones, la Justicia aún no aclara cómo el ex dictador acumuló 28 millones de dólares en Estados Unidos y paraísos fiscales, bajo una maraña de 100 sociedades y 27 nombres distintos.
La defraudación, fraguada en los 17 años que Pinochet gobernó Chile entre 1973 y 1990, permitió el enriquecimiento de su familia y asesores, que se apropiaron de dineros fiscales y cobraron comisiones ilegales por la compraventa de armas, según el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Por lo menos 23 civiles y uniformados habrían participado en la operación, que inicialmente los hijos de Pinochet justificaron diciendo que su padre quiso “asegurarles el futuro”. Ciertas o no esas intenciones, lo real es que el modelo de negocios era simple y fue usado reiteradamente, según las presentaciones judiciales del CDE.
Los dineros fiscales eran girados a nombre de algún hombre de confianza que los sacaba del país, luego algunos de los hijos o funcionarios depositaban esos recursos en paraísos fiscales, usando sociedades ad hoc y, frecuentemente, pasaportes falsos.
Pinochet mismo utilizó 27 identificaciones destintas en estas operaciones financieras. Se hacía llamar Daniel López o John Long, por ejemplo. Los abultados depósitos bancarios de Pinochet fueron denunciados en 1999, pero los medios locales no se hicieron eco.
En ese entonces, Pinochet era senador vitalicio y aún los líderes de la oposición de derecha buscaban fotos a su lado. Los hechos retomaron protagonismo a raíz de un informe del Congreso de Estados Unidos, emitido después del atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York.
En ese documento se denunciaban operaciones bancarias de grupos terroristas. La situación de Pinochet asomó colateralmente como parte de las pesquisas, centradas en el Banco Riggs. Desde entonces, sus seguidores comenzaron a distanciarse, lo que ni siquiera habían hecho cuando sucesivos informes oficiales ratificaron que 3.000 chilenos y extranjeros fueron ejecutados o desaparecidos por agentes de seguridad bajo su gobierno.