Redacción Política
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Un saco de lana abrigó a Luis Paillacho ayer cuando salió, a las 05:00, desde su comunidad en Oyambarillo, nororiente de Quito. Le tomó tres horas llegar a la plazoleta de El Tejar, en el Centro. Ese fue el sitio de concentración que determinó la dirigencia de las
Juntas Administradoras de Agua Potable y Riego del Ecuador (Jaapre) para manifestarse en contra la Ley de Aguas que auspicia el Ejecutivo.
Junto a él, centenares de comuneros llegaron a la capital para marchar hasta la Asamblea Nacional y presentar sus propuestas. Piden protección a las fuentes para garantizar el consumo humano, soberanía alimentaria y el respeto a la gestión comunitaria de agua en el sector urbano y rural.
“Venimos de muy lejos, no nos pueden quitar el agua”, dijo Paillacho y recordó que en su sector se trabajó en 67 mingas para construir un canal que beneficia a 1 500 familias.
La masiva movilización convocó a los representantes de unas 5 000 juntas de Agua, a nivel nacional. De este total, solo 1 500 están registradas legalmente.
Resguardada por tres patrulleros, la marcha recorrió las calles Mejía y Montúfar, en el Centro Histórico. Allí los transeúntes recibieron volantes con las propuestas de los manifestantes.
En su recorrido repetían al unísono: “El agua no se vende, el agua se defiende”. Se refieren a la preocupación de una posible privatización del agua.Entre sus pedidos está la eliminación del artículo 74 sobre al aprovechamiento de fuentes de agua y concesiones para la explotación minera.
El intenso sol de la mañana no aplacó los ánimos de Enrique Cordero, de 68 años, quien llegó de Guayas y exige que se respete a una sola autoridad del Agua pero que esta coordine con las juntas. La marcha se agolpó en las calles por una hora y media.
Las decenas de carteles anunciaron la presencia de diferentes sectores rurales. Uno de ellos fue la comunidad de Pueblo Viejo, del cantón Alausí. De allí es oriundo Gerardo Guamán. Para él, lo importante es que no se centralice la administración del líquido.
En su zona fueron 30 años de lucha y trabajo que les permitieron tener agua tanto para el consumo humano como para el riego.
La delegación de Pedro Vicente Maldonado también marchó ayer. “Tememos que el Gobierno nos quiera cobrar con otros precios”, aseguró Efraín Cumbo. Ahora, en su zona pagan USD 3 por 5 metros cúbicos de agua.
Pese a que la preocupación de las Jaapre es similar a la de la Conaie, cuando a Genaro González, de Pifo, se le preguntó si apoya a ese movimiento indígena, responde con un no rotundo.
En principio estas juntas no participarán aliadas a la marcha de la Conaie que se iniciará el domingo. Sin embargo, Humberto Cholango, presidente de la Ecuarunari (regional Sierra), aseguró que en Chimborazo ya se unieron a su protesta. Y respecto a un posible diálogo con el Gobierno, advirtió que se está evaluando ese escenario con las comunidades, pero sin restarle fuerza a su movilización.
Ante estos anuncios, el subsecretario de Gobierno, Franco Sánchez, dijo: “No toleraremos acciones de violencia excesiva”.
Ayer, a las 11:45, concluyó la audiencia que tuvieron las juntas de Agua en los exteriores de la Asamblea. Desde una tarima, hablaron con la Comisión de Soberanía Alimentaria. Su titular, Jaime Abril, prometió analizar sus pedido.