Entrevista a Julio César Trujillo, miembro de la Comisión Anticorrupción. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO
Desde 1830 se han redactado 20 constituciones, según los archivos de la Cancillería ecuatoriana. La última fue la de Montecristi (Manabí), en el 2008. Se instaló con la promesa de devolver la institucionalidad al país. Pero nueve años después, la sociedad civil, partidos políticos y colectivos ciudadanos coinciden en que no se cumplió totalmente con las expectativas.
Por eso, ahora se debate nuevamente desde esos sectores, la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente o a una consulta popular, para resolver los problemas.
¿Cuál es su diagnóstico sobre el estado de salud de la institucionalidad en el Ecuador?
En el texto de la Constitución y en las leyes, Ecuador es un Estado social y democrático de derecho. Pero realmente no funciona de esa forma. Los gobernantes no han respondido a los deseos del pueblo, que en su momento han sido expresados en las leyes. Con demasiada frecuencia se han infringido los preceptos constitucionales y legales. Hemos tenido períodos cortos de respeto a las instituciones, continuidad republicana; desde 1978 hasta 1995, eso es verdad. Pero luego llegó el caos.
¿Qué ha pasado en la última década, considerando que el anterior Gobierno ha destacado la estabilidad política como un logro?
Las estabilidad política no es institucionalidad. Un gobierno puede ser formalmente constitucional, electo por voto popular. Pero actuar de forma dictatorial y lograr así una estabilidad, que no es propia de una vida republicana. Alfredo Stroessner, en Paraguay, duró casi medio siglo, con una estabilidad tan grande, que nada ocurría en contra de su voluntad. Todo lo que se ordenaba se cumplía. No creo que haya alguien sensato que diga que eso era institucionalidad republicana. Esos gobiernos dictatoriales, además, tienden a perseguir, dividir y atacar a todas las voces críticas, ya sean sindicatos, grupos de mujeres, trabajadores, sociedad civil.
Y tienden también a encubrir la corrupción, poniendo como fachadas la inversión en grandes obras públicas.
¿Cuán importante es la institucionalidad de un país en el control, prevención y combate a la corrupción?
Latinoamérica y Ecuador no se han caracterizado precisamente por el vigor de sus instituciones. De pronto, por el poco tiempo que tenemos como República independiente. Ecuador es joven desde el punto de vista histórico, frente a los países que llevan siglos haciendo esfuerzos para reorganizarse. No tenemos la madurez que tienen esos otros pueblos. Y por eso nuestras instituciones no son ni lo suficientemente fuertes ni respetadas.
¿Las constituyentes o consultas populares son la respuesta para lograr la institucionalidad?
Las dictaduras, generalmente, llevan a los países al caos y eso hace necesario un nuevo orden. En el período pasado, por ejemplo, no se sabía qué valía más; si la Constitución o un reglamento emitido por el Presidente. No les importaba irse contra la legalidad, con el discurso de que era lo mejor para el pueblo. Es en ese escenario, de irrespeto a la institucionalidad, cuando surge la necesidad de constituyentes o consultas populares, porque implica promover normas fundamentales, para poder ensayar un nuevo período constitucional y democrático.
En ocasiones anteriores, como en la Constituyente de Montecristi, se dijo que el proceso serviría para devolver la institucionalidad. Ahora, se propone una consulta popular u otra constituyente desde la sociedad civil, ¿qué tan efectivo puede ser para lograr el objetivo?
Gran parte de la población tuvo muchas expectativas de la Constituyente de Montecristi, que no se cumplieron. Ahora, a Ecuador solamente le queda ir lentamente en la recuperación de la institucionalidad. La consulta popular es solamente un paso para alcanzar ese objetivo. Permitirá eliminar aquello que es más urgente, que ya es insufrible, como las enmiendas constitucionales que se introdujeron en el 2015, con la reelección indefinida. Además, la consulta popular puede ser una oportunidad para reorganizar las instituciones.
¿Cuáles deben considerarse como prioridad?
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque no cumplió con sus funciones. Lo más sensato hubiese sido que sus integrantes renuncien, que se den cuenta que no tienen legitimidad ante la ciudadanía. Pero como han dicho que no lo harán, el pueblo tiene todo el derecho de pronunciarse. Algo similar debe pasar con el Consejo Nacional Electoral. Los miembros del Consejo Electoral deben reconocer que el pueblo no confía en ellos. No digo que no tengan méritos, deben tenerlos, pero la gente no lo cree. Cómo podrían asumir un proceso de consulta en esas condiciones.
¿Cómo evitar que el país quede en acefalía?
Los actuales funcionarios deben desempeñar sus funciones hasta cuando sean sustituidos. Pero se debe crear un organismo de transición, que represente a la diversidad del pueblo, para que nombre a los nuevos funcionarios de acuerdo con las leyes. Se debe garantizar que esas nuevas autoridades no respondan a su voluntad, sino a la pluralidad del pensamiento y deseos del pueblo ecuatoriano.
Trayectoria. Fue miembro de la Comisión de la Verdad, que investigó casos de violación a derechos humanos en el país. También fue asambleísta durante la Constituyente de 1967 y la de 1998.
Punto de vista. Julio César Trujillo considera que es necesaria una consulta popular, para reorganizar las principales instituciones y encaminar al país hacia una verdadera institucionalidad.