17 de septiembre de 2020 19:45

Con reestructuración de Comisión de Fiscalización se apresuran juicios políticos

Lourdes Cuesta impulsa la Ley de Libertad de Expresión.  Foto: Archivo Pavel Calahorrano/ El Comercio

Lourdes Cuesta y Roberto Gómez impulsan el pedido de interpelación por la actuación policial en las protestas de octubre pasado. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Roger Velez

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Los asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC) y de la Revolución Ciudadana (RC) presionan para el trámite del pedido de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, tras la reestructuración de la Comisión de Fiscalización.

El pedido de interpelación lo impulsan Roberto Gómez y Lourdes Cuesta (exCreo) por la actuación policial en las protestas de octubre pasado. De acuerdo con el procedimiento parlamentario, no podrán incluirse nuevas causales.

Si el proceso contra Romo pasa al Pleno, su censura y destitución dependerá de 91 votos, en un escenario donde operan mayorías móviles. La solicitud fue calificada por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) el 8 de septiembre, pero el trámite aún no inicia en la Comisión.

Con la reestructuración de esta mesa parlamentaria, que se dio el lunes pasado, AP perdió la mayoría que tenía y ahora solo tiene dos integrantes: José Serrano y Noralma Zambrano.

En la primera sesión sus integrantes, incluido el presidente Elio Peña (PK), se inclinaron a que todos los procesos vayan al Pleno y que no se queden en el archivo o en el limbo (sin resolución).

Dennis Marín (PSC), uno de los 11 comisionados, acudió hoy con una moción para que la mesa requiera al CAL que remita de inmediato el expediente sobre la secretaria de Estado. Le secundó Esteban Melo, de la Revolución Ciudadana.

“Mi voto a favor para que podamos conocer y decirle la verdad a los ecuatorianos, sin rivalidad política, sin venganza, sino con el debido proceso y la presunción de inocencia”, expresó Melo.

La moción de Marín también incluyó un exhorto al CAL y al presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), para que dé trámite a todas las solicitudes de juicio político que se hayan presentado, lo que incluye al ministro de Finanzas, Richard Martínez.

Tanto Romo como Martínez son las cabezas más visibles del Gobierno de Lenín Moreno, con quien han marcado distancias incluso los asambleístas de AP, el movimiento que lo llevó al poder, de cara a las elecciones de 2021.

La moción de Marín fue aprobada por unanimidad de los 10 asambleístas que participaron esta tarde de la segunda sesión de la Comisión, tras la reestructuración. Por problemas de conexión no pudo participar Franco Romero (BADI), el último de sus integrantes.

Esta vez, no hubo los dos bandos que se evidenciaron el miércoles cuando con los siete votos de AP, Creo, BIN y el BADI, Elio Peña (PK) y Noralma Zambrano (AP) fueron electos como presidente y vicepresidenta de la Comisión. El PSC y RC, que controlan cuatro puestos, votaron en contra.

La Comisión no solo se encarga del control político al Ejecutivo sino al resto de funciones del Estado. En la sesión de hoy se definió el cronograma para el trámite del pedido de juicio político contra el presidente del Consejo de Participación (Cpccs), Christian Cruz, por supuesto incumplimiento de funciones.

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