18 de August de 2009 00:00

El juicio por la red Ostaiza con trabas

valore
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Redacción Esmeraldas 
judicial@elcomercio.com

El proceso judicial contra la  supuesta red de narcotráfico de  los hermanos Ostaiza sufrió ayer  un nuevo tropiezo. A las 09:35, el  juez sexto  de lo Penal de San Lorenzo, Segundo Caicedo,  suspendió la audiencia preliminar de juzgamiento contra los 27 implicados.



Seguridad para el juez
Dos policías resguardan  permanentemente el Juzgado Sexto de San Lorenzo,  donde reposa el expediente del proceso penal 0847-2008, conocido como  Huracán de la Frontera o de la red de los hermanos Ostaiza.
Para  cuidar  al   juez Segundo Caicedo se dispuso  que un uniformado le acompañe permanentemente. Sin embargo, solo lo hace por horas porque es requerido para otras labores por el Comando de San Lorenzo. 
En la diligencia  se reencontraron Ignacio Chauvín y Diego Benítez. Ambos trabajaron en la Aldhu y luego, según la Policía,  tuvieron  nexos  con los  Ostaiza. Son acusados por la Fiscalía.

La diligencia estaba prevista que se cumpla desde las 09:00 en el Batallón de Infantería de Marina del cantón del norte de Esmeraldas.  La Policía y las FF.AA. armaron un operativo  de seguridad para que  los implicados,  entre ellos 11 que están detenidos, sus abogados, sus familiares y otras personas asistan a la audiencia.

Por ejemplo, se decidió que los hermanos Édison y Miguel Ostaiza y otros sospechosos sean trasladados por un helicóptero desde la Penitenciaría de Guayaquil hasta el recinto militar esmeraldeño.
 
Sin embargo, la decisión de realizar la audiencia en el Batallón de la Infantería de Marina fue usada por los abogados de los sospechosos como argumento para que se suspenda la diligencia.

Por ejemplo, Ramiro Román, abogado de Ignacio Chauvín (ex funcionario del Ministerio de Gobierno y acusado de cómplice) sostuvo que dentro de las normas legales no existe ningún artículo que faculte que se cumpla la diligencia en una sede de las FF.AA.
 
Esa decisión la tomaron las autoridades judiciales de Esmeraldas para brindar mayor  seguridad a los asistentes. Sin embargo, esa justificación  no convenció a los abogados  de los  implicados, quienes  apoyaron a Román.

Algunos incluso dijeron  que el artículo 77 de la Constitución Política prohíbe los procesos judiciales en unidades militares y aseguraron que se cometería una violación de los derechos humanos.

También  cuestionaron  que hubo errores en la convocatoria para la audiencia. Ellos aseguraron que fueron  notificados de que el acto  se iniciaría a las 09:00 y esta empezó media hora después.

Luego de escuchar las quejas, el  juez  Caicedo decidió suspender la audiencia e informó que próximamente fijará la nueva fecha para que la Fiscalía y los acusados presenten sus argumentos. 

Luego de escuchar la decisión judicial, Ignacio Chauvín evidenció su alegría. Él llegó a San Lorenzo  vestido con  su inseparable  pañuelo rojo de las Brigadas Bolivarianas  amarrado al  cuello.

Chauvín  aseguró que hubo un  “exceso de seguridad” que no se necesitaba. También desmintió que exista una  supuesta orden de captura en su contra y del capitán de Policía Pablo Córdova (involucrado en el proceso porque supuestamente dio seguridad a los hermanos Ostaiza). 

Tras la suspensión de la audiencia, el fiscal antinarcóticos de  Guayas, Carlos Solórzano, abandonó el recinto militar, seguido de varias personas. Él evito dar declaraciones sobre la decisión que tomó el juez Caicedo. 

Asimismo,  los 11 detenidos fueron llevados  hasta la ciudad de Esmeraldas. Lo hicieron igual que como llegaron, a bordo de dos helicópteros Dhrub, de fabricación indú, recientemente adquiridas para las Fuerzas Armadas.

El defensor del Pueblo de Esmeraldas, Omar Mina, criticó que se haya acondicionado el juzgado en el recinto militar y en un lugar con poco espacio. 
Mientras se define una  nueva fecha para que se cumpla la audiencia, el plazo que caduque la    detención preventiva se acorta.  Faltan  34 días para que  los detenidos puedan recuperar su libertad, acogiéndose  a la norma constitucional que señala que ninguna persona puede permanecer más de un año sin sentencia.

Los 11 reos fueron apresados el 20 de septiembre del año pasado, en el operativo Huracán de la Frontera, que se ejecutó en la frontera de Esmeraldas con Colombia. En esa acción se decomisaron 4,7 toneladas de droga.

La Policía que indagó el caso espera que el juicio se agilite, pues luego de la decisión que tomó el juez Caicedo el expediente pasará a un tribunal de lo Penal de Esmeraldas, para que dicte una sentencia o no contra los acusados.


 

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)