28 de noviembre de 2017  13:57

En juicio popular Augusto Espinosa fue 'sentenciado' a tres años de prisión 

En el público del juicio estuvieron padres de familia, docentes y activistas sociales. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

En el público del juicio estuvieron padres de familia, docentes y activistas sociales. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

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Mario Alexis González

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Julio César Trujillo, Fanny Barcia y Augusta Recalde conformaron el tribunal de jueces para el juicio popular en contra de Augusto Espinosa, actual asambleísta (AP) y exministro de Educación. La diligencia simbólica fue organizada por la Unión Nacional de Educadores (UNE). Se desarrolló este martes, 28 de noviembre del 2017, en el edificio de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), en el norte de Quito.

Hubo, además de los jueces, una secretaria, un fiscal, una acusadora particular, un jurado (con cuatro miembros), un abogado defensor, dos testigos y tres peritos, expertos en educación, abusos escolares y las implicaciones psicológicas en las víctimas. El juicio tomó unas dos horas.

Trujillo, presidente del tribunal de jueces, inició la diligencia aclarando que se trataba de un juicio popular, cuyo resultado no es de obligatorio cumplimiento para el Estado y sus autoridades. Pero -dijo- si es moralmente obligatorio para reparar el daño a las víctimas de abusos escolares y sus familias.

El penalista Ramiro Román cumplió el papel de fiscal. Su teoría del caso fue que se cometió un delito por omisión. Explicó que las autoridades del sistema educativo tienen la obligación jurídica de denunciar ante la justicia ordinaria los abusos sexuales que se cometen en las unidades educativas. Lo que no ocurrió cuando Espinosa fue Ministro de Educación.

Rosana Palacios, presidenta de la UNE y abogada de la acusación particular, mencionó que Augusto Espinosa, en su período como ministro de Educación, ocultó delitos que se cometieron en las instituciones educativas para cuidar el éxito y la estabilidad del proyecto político de Alianza País (AP). Y para esto, por ejemplo, creó un compromiso ético que los docentes debían firmar y eso impedía que puedan a acudir a la Fiscalía a denunciar estos hechos.

En el público del juicio estuvieron padres de familia, docentes y activistas sociales. Varios llegaron con carteles y banderas con distintas leyendas. En estas se exigía justicia para los menores que fueron víctimas de abusos. Se hacía referencia, por ejemplo, a casos que se han hecho mediáticos en los últimos meses como el Aampetra y El Principito.

El jurista Gonzalo Realpe, en cambio, fungió en el juicio simbólico como abogado defensor de Espinosa y utilizó un tono irónico. Dijo que la teoría del acusado se ampara en el artículo 44 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). En este artículo se establece que quienes cometen actos bajo una fuerza irresistible no es objeto cargos o penas por el cometimiento. Y en este caso -añadió- esa fuerza fue AP, ya que Espinosa actuó bajo presión de este movimiento.

Milton Luna, perito, un fundamento que se consiguió con la Constitución del 2008 es el derecho a una educación de calidad. Esto significa el derecho a tener una formación integral, que promueva y desarrolle todas sus capacidades cognitivas, solidarias, que se respete su dignidad. Este concepto no fue aplicado.

Alfonso Yánez ha constatado que los actos de omisión provocaron el fallecimiento de 500 maestros jubilados por no pagar el incentivo de jubilación que establece la Constitución. Además, expuso que él participó en una veeduría que determinó que el Ministerio de Educación perjudicó económicamente a maestros y al magisterio ecuatoriano.

Al final, y luego de escuchar nuevamente a las partes en su argumentación final, el tribunal de jueces se tomó tres minutos para la deliberación. Luego de este tiempo, y ante los gritos de consignas de los presentes, se informó que la decisión final fue una sentencia de tres años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos para Espinosa.

El juicio popular nació como una alternativa del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional. Esta instancia archivó un pedido de juicio político que hizo Jeannine Cruz, legisladora de Creo.

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