Diana Atamaint, presidenta del CNE, compareció la tarde de ayer en la Comisión de Participación Ciudadana. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
La iniciativa para un eventual juicio político en contra del actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), José Carlos Tuárez, sigue su curso.
Fabricio Villamar, legislador de Creo, dijo que tiene las firmas necesarias para iniciar el proceso, pero que ahora se trata también de asegurar los votos para la destitución.
“Tengo una reunión pendiente con la gente de Alianza País (AP). Los votos se deben asegurar para que no se repita lo que pasó con el juicio a la excanciller, María Fernanda Espinosa”, comentó.
Ayer, Césa Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, dijo que el proceso debe empezar por la entidad que calificó la candidatura: el Consejo Nacional Electoral Transitorio (CNE-T).
El presidente de la Asamblea puntualizó que, al momento, la Comisión de Participación Ciudadana investiga el caso y propuso esperar los elementos que encuentre para tomar decisiones
Para Villamar, tanto el juicio político en contra del CNE Transitorio y el definitivo como el juicio en contra de Tuárez, son procesos que se conjugan. Para este legislador, Tuárez no debía ser habilitado como candidato. Tampoco, por su condición de sacerdote, puede ejercer el cargo que ahora tiene.
Sin embargo, ¿es el juicio político la vía para resolver el caso Tuárez? Para el experto en Derecho Constitucional, Ismael Quintana, no. Dice que la Ley prevé una causal para el juicio político: incumplimiento de funciones.
“Recién está unos días en su puesto. No hay incumplimiento alguno de sus funciones”,mencionó.
Lo que sí cabe, según este experto, es que continúen las investigaciones sobre la supuesta información falsa, mediante la denuncia en Fiscalía. De encontrarse indicios de responsabilidad, con la sentencia, Tuárez podría perder los derechos políticos.
