En diciembre del 2017, Glas fue sentenciado por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Él apeló el fallo. Foto: Archivo EL COMERCIO
En agosto del 2017, la Contraloría halló indicios de responsabilidad penal en el proceso de licitación del campo petrolero Singue. 19 meses después, la Fiscalía dice que durante esa negociación hubo peculado y se alista a imputar cargos contra 11 personas.
El exvicepresidente Jorge Glas, el exgerente de Petroecuador Carlos Pareja Yannuzzelli y el exministro de Hidrocarburos Wilson Pástor constan entre los sospechosos.
Para Glas, quien cumple una condena de seis años de cárcel por el caso Odebrecht, este es el segundo proceso penal que se inicia en su contra. A estos expedientes se suman cuatro investigaciones reservadas, en las que hay informes de la Contraloría con indicios penales en su contra (ver info).
En cambio, Pareja tiene condenas por cohecho, peculado, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito. Y ahora se suma el caso Singue.
El juez Iván Saquicela, de la Corte Nacional de Justicia, tramita el expediente. En su primer escrito -firmado el miércoles 20 de febrero- el jurista señaló para el 28 de febrero, a las 12:00, la audiencia en la que se imputarán cargos.
Esta es la primera vez que el exministro Pástor enfrenta un juicio penal. Ayer aseguró que no abandonará el país hasta demostrar su inocencia.
“Estoy listo a afrontar las medidas cautelares que me impongan”, dijo, al ser consultado sobre la posibilidad de que, en la próxima audiencia, la Fiscalía pida su prisión preventiva o un arresto domiciliario.
Más tarde, en un comunicado indicó que en el 2011, en su cargo de Ministro de Hidrocarburos, acogió “una bien fundada recomendación del Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH)” y asegura que adjudicó un contrato “que ha generado importantes beneficios al Ecuador a través de inversión extranjera”.
También subrayó que las conclusiones del informe de la Contraloría fueron desvirtuadas mediante documentos, peritajes, testimonios, etc. “Una vez que el caso pase a instrucción fiscal haré públicas mis pruebas de descargo”.
En el 2011, la adjudicación del bloque petrolero fue analizada por el COLH, que estuvo integrado por Jorge Glas, entonces ministro coordinador de Sectores Estratégicos.
La Contraloría lo menciona en su informe DASE-0045-2017. Allí se concluyó que el Estado perdió USD 5,2 millones por una mala negociación y por pagos en demasía al Consorcio DGC, conformado por Dygoil y Gente Oil Development Ecuador LLC, al que se le adjudicó el yacimiento.
Según el ente de control, durante la licitación no se consideró el 100% de las reservas del campo sino solamente el 80%, y eso habría provocado el perjuicio económico estatal.
Eduardo Franco Loor, abogado del exvicepresidente, calificó como una “tramoya del Gobierno” e indicó que no hay evidencias de que en la negociación haya ocurrido un perjuicio estatal. “Glas es un perseguido político y le siguen inventando delitos”. Luego agregó: “No hay delito alguno”.
El penalista Cristóbal Buendía aseguró que es un avance que este caso sea tramitado como un delito de peculado. “Lo importante es que el Estado ya ponga sanciones reales sobre graves delitos que se cometieron durante la década pasada”.
En el Código Penal, el peculado es considerado uno de los ilícitos más graves contra la administración pública. La condena es de 5 a 13 años, según el monto de los recursos malversados (art. 278).
En el 2014, Dygoil dejó su participación en el campo Singue. Desde entonces, la empresa Gente Oil tiene el 100% de la operación. Sus representantes han indicado que la concesión es beneficiosa para el Ecuador y que han pagado al Estado ecuatoriano más de USD 430 millones por la extracción de petróleo.
Además, señalaron que el acuerdo para entregar el bloque en concesión era que la empresa invirtiera USD 27,4 millones en Singue y abran dos pozos. Hasta este 2019, la firma ha invertido más de USD 143 millones y perforado 14 pozos petroleros.