1 de noviembre de 2017 00:00

Tres años tarda un juicio por delitos sexuales en Ecuador

Los abogados Pedro Granja y Dalo Bucaram, con el padre del niño que contrajo VIH. Foto: Mario Faustos/ EL COMERCIO

Los abogados Pedro Granja y Dalo Bucaram, con el padre del niño que contrajo VIH. Foto: Mario Faustos/ EL COMERCIO

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Elena Paucar

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Una niña vivió en tres casas, en donde pensaba que estaría segura. En todas fue abusada sexualmente. En esta semana, ella expresó su sufrimiento con acuarelas para decorar maderos, con los que se confeccionaron cruces.

Las cruces fueron llevadas por padres de víctimas de violaciones, en un plantón de la ONG Ecuador dice no más abuso sexual infantil. “Me culpan a mí, no al abusador”, “Mi hijo va de un lado a otro, reviviendo el dolor”, “los procesos son eternos” , se leía en ellas.

El camino que recorren las familias de los niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales es agotador. El proceso judicial tras la denuncia puede tardar más de tres años y está minado por continuas entrevistas, investigaciones y audiencias que se dilatan.

Yolanda carga su ‘cruz’ desde el 17 de marzo del 2014. Ese día regresaba de hacer una encomienda a la casa donde trabajaba, en una provincia de la Sierra, cuando vio a su jefe, un funcionario público de 62 años, abusar de su hija, de 3.

“Grité que la soltara. Tras denunciar, los exámenes comprobaron que tenía una bacteria en la boca y una enfermedad venérea. Pero en la única audiencia que se ha hecho, en noviembre del 2014, dijeron que había que investigar más”.

El caso ha pasado por tres fiscales y cuatro defensores públicos. La pequeña ya tiene 6. “Hasta cuándo tengo que soportar el dolor. Mi hija está creciendo y siempre que consulto del caso se hacen los sordos”.

La denuncia es el primer tramo en la “ruta de desesperación de la víctima”, define la psicóloga Annabelle Arévalo al proceso judicial por delitos sexuales contra menores. La coordinadora de prevención y atención de la violencia del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) ha recorrido de la mano con ellos ese trayecto.

En el camino hay entrevistas con fiscales y psicólogos, chequeo médico, testimonios en cámara de Gesell -que se repiten si hay fallas de grabación- y audiencias que pueden aplazarse con hasta tres llamados.

“Antes eran dos años de indagación previa y un año entre la instrucción fiscal y la audiencia de juzgamiento. Es el mismo procedimiento para robo, crimen, asalto…”. Eso más la falta de más fiscales especializados, represa los casos.

Entre 2015 y septiembre del 2017, la Fiscalía ha registrado
4 934 denuncias por violación, acoso y abuso sexual contra niños y adolescentes, que se investigan para determinar si hubo o no el delito. El 14% ocurrió en el ámbito educativo.

“Dada la tragedia, no es suficiente el número de profesionales. Deben ser altamente calificados para dar contención y apoyo sostenido al niño a sus familias”, reconoce la ministra de Justicia, Rosana Alvarado.

De la contención se encargan servicios de protección especial y habrá mecanismos que, según informó, serán anunciados por el Ejecutivo.

José (nombre protegido) dice que no ha tenido apoyo desde que denunció el caso de su hijo. A los 8 años habría adquirido el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), tras una supuesta violación en la escuela donde estudiaba. El presunto agresor era el chofer de los directivos del instituto, en el norte de Guayaquil.

Los fiscales y los policías le reclamaron por no denunciar a tiempo. Pero su hijo no le había dicho nada y recién se enteró cuando estaba en el hospital, muriendo por el VIH. Para la tarde ayer (31 de octubre), después de tres años y tres meses de la denuncia, estaba programada la audiencia de juzgamiento.

Para Verónica (nombre protegido) ese camino está a medias. Hace un año y medio descubrió que su hija de 8 años fue violada por un familiar, también menor de edad. Su otra hija, de 6, lo vio todo.
“Los niños tienen que contar su trauma ante fiscales, jueces, psicólogas y trabajadoras sociales. Somos humillados por el sistema judicial; nuestros hijos han sido violados por el agresor y por el sistema”.

El lunes 30 de octubre, Verónica también tomó una cruz. Ella es parte de un grupo de apoyo de la ONG Ecuador dice no más, e ideó una crucifixión simbólica para representar el pesado proceso legal por el que ahora transita.

Paola Andrade, directora de la ONG, plantea cambiar el sistema. Su propuesta se aplica por décadas en The National Children’s Advocacy Center, en Estados Unidos, hasta donde se trasladó para conocer de cerca la metodología.

Ella plantea tener centros multidisciplinarios de atención. La metodología se puede aplicar entre la Fiscalía, Dinapen, Ecuador dice no más y Defensoría Pública, para atender a los niños en un solo edificio y con personal especializado. Otras organizaciones, como Cepam, piden un proceso especial para tratar los casos de violencia contra mujeres y niños. La psicóloga Arévalo considera que se requiere un trámite más rápido, que no pase de los seis meses.


49 firmas para juicio a Espinosa

Ayer, con 49 firmas de respaldo, se presentó el pedido de juicio político contra el exministro de Educación y hoy asambleísta Augusto Espinosa, de Alianza País. Jeannine Cruz, de Creo, impulsa el proceso por “sus acciones u omisiones en torno a denuncias de abuso sexual en planteles. También por la falta de pago de incentivos jubilares a docentes”.

Al ya no ser Ministro de Educación, en caso de que el trámite prospere, Espinosa no sería sujeto de destitución de ese cargo. Pero Cruz considera pertinente que se deje un precedente mediante una censura pública.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) deberá conocer esta solicitud. La mayoría de Alianza País deberá verificar, en máximo tres días, el cumplimiento de requisitos. Y remitir el caso a la Comisión de Fiscalización.

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