14 de noviembre de 2019 11:45

Juez Iván Saquicela llama a juicio a Glas, Yannuzzelli, Pástor y 12 procesados más por presunto peculado en caso Singue

El juez Iván Saquicela llamó a juicio a los 15 procesados por presunto peculado en el caso Singue. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

Imagen referencial. El juez Ivan Saquicela en una audiencia, el pasado 6 de septiembre del 2019. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

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Redacción Seguridad
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El juez nacional Iván Saquicela llamó a juicio este 14 de noviembre del 2019 a los 15 procesados por presunto peculado en el caso Singue. En la audiencia, el magistrado ratificó la prisión preventiva en contra del exvicepresidente Jorge Glas y el exministro Carlos Pareja Yannuzzeli.  Para los otros procesados ratificó la orden de presentarse una vez por semana en la Corte Nacional.

Pasadas las 10:00 de este jueves, el juez Saquicela instaló la audiencia para definir si llama o no a juicio al exvicepresidente de la República Jorge Glas, al exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli, al exministro de Recursos No Renovables Wilson Pástor y 12 personas más por el llamado caso Singue.

El juez nacional Iván Saquicela (derecha) instaló la audiencia preparatoria de juicio en la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito, con la presencia de la fiscal General del Estado, Diana Salazar (izquierda). Foto: API

El juez nacional Iván Saquicela (derecha) instaló la audiencia preparatoria de juicio en la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito, en el caso Singue, con la presencia de la fiscal General del Estado, Diana Salazar (izquierda). Foto: API

La audiencia preparatoria de juicio se reinstaló en la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito, con la presencia de la fiscal General del Estado, Diana Salazar, quien imputó a los 15 procesados por el presunto delito de peculado.


El 23 de septiembre del 2019, la Fiscalía acusó a Glas, a los exministros y a 12 personas más. Según las investigaciones hubo supuestas irregularidades en la negociación petrolera en el campo Singue, en el 2012.

El juez nacional decidió llamar a juzgamiento pues consideró que en este caso existen “serios indicios de la existencia del delito y de la responsabilidad de los procesados”.

Esta indagación se desprende de un informe con indicios de responsabilidad penal realizado por la Contraloría General del Estado, donde se determinó irregulares en la adjudicación del campo de crudo al consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cia. Ltda y la firma Gente Oil Development LLC.

Durante la audiencia, el juez mencionó las evidencias presentadas por la Fiscalía, por ejemplo el informe de la Contraloría, las pericias contables y en administración pública. Según esos documentos, los procesados habrían suscrito un contrato con inconsistencias legales, económicas y que se benefició la empresa petrolera privada

Según la fiscal general, Diana Salazar, en este caso el perjuicio para el Estado sería de USD 28,4 millones.

En cambio, los abogados de los procesados negaron las acusaciones de la Fiscalía y aseguraron que no existe el delito. Dijeron que se trató de una negociación petrolera que cumplió con los aspectos técnicos y legales.

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