1 de abril de 2019 17:54

Jueza negó la acción de protección presentada contra Lenín Moreno y otros 151 funcionarios

En una de las salas del Complejo Judicial Norte de Quito se realizó la audiencia de acción de protección contra 152 funcionarios. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

En una de las salas del Complejo Judicial Norte de Quito se realizó la audiencia de acción de protección contra 152 funcionarios. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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La jueza Jesús Raquel Herrera negó la acción de protección a favor de 152 funcionarios del Estado, entre ellos el presidente Lenín Moreno. En el auditorio del Complejo Judicial Norte, en Quito, se instaló la audiencia que duró cinco horas y media.

El pasado 11 de marzo del 2019, el activista Felipe Ogaz y el abogado Richard González. Ellos pedían que se ordene una investigación sobre la compañía INA Investment, supuestamente vinculada con el presidente Lenín Moreno.

Además, solicitaban que se indague el audio filtrado de la conversación entre la presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas y la ministra del Interior, María Paula Romo.

Ese audio tiene relación con un pedido presentado en el Pleno de la Asamblea, el 7 de marzo. Supuestamente en el audio se escucha que no dé paso a un cambio de orden del día para investigar a la ‘offshore’ INA Investment y a Moreno.

La magistrada presentó tres argumentos para su fallo judicial. Primero desestimó las pruebas presentadas por los demandantes. Por ejemplo, durante la diligencia ellos proyectaron el video de la conversación entre Cabezas y Romo. La jueza dijo que ella no podía comprobar que esa prueba sea legítima.

Refiriéndose al audio, la magistrada dijo que “está dentro del orden democrático que las autoridades busquen respaldo ante una moción”. Además, que es facultad de los legisladores votar o no a favor de una investigación.

Los demandantes, Ogaz y González dijeron que apelarán la decisión de la jueza apenas les llegue el fallo judicial por escrito. Ellos creen que dentro de las instituciones del Estado “hay una política pública de impunidad y de no investigación de actos de corrupción”.

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