Este jueves 11 de enero del 2018, Carlos Ochoa, titular de la Supercom, presentó las pruebas de descargo en la Contraloría General del Estado. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
La jueza Marianela Maldonado negó dos solicitudes a Carlos Ochoa, titular de la Superintendencia de la Información y la Comunicación (Supercom). El funcionario buscaba que la Contraloría le entregue una información y que se amplíe el plazo para la entrega de sus pruebas de descargo ante la predeterminación de destitución en su contra.
La jueza definió que la acción de información presentada por Ochoa no reúne los requisitos constitucionales y legales, ya que “la Contraloría General del Estado ha actuado en ejercicio de sus legítimas facultades, garantizando al accionante los derechos consagrados en la Constitución y Leyes vigentes”.
Mientras que sobre las medidas cautelares para ampliar el plazo, la magistrada expuso que no se ha demostrado la vulneración de un derecho, por lo que, no se puede ampliar los plazos establecidos en la normativa correspondiente para la entrega de las pruebas de descargo.
La Supercom confirmó a este Diario que se solicitó una información a la Contraloría para ejercer el derecho a la defensa y esta no fue entregada. Por lo que la entidad planteó una acción de acceso a la información pública y solicitó medidas cautelares. Y que ambas peticiones fueron negadas.
“Sin embargo, respetuosos de las decisiones de los jueces, proseguiremos con las herramientas que la ley otorga”, indicó la entidad.
Por las decisiones de la jueza, Ochoa presentó las pruebas de descargo ante la predeterminación de destitución este jueves, 11 de enero de 2018, justo en el último día del plazo.
Ahora, los abogados de la CGE deberán analizar la información proporcionada por el funcionario. Si esta demuestra que no hubo un perjuicio al Estado, la sanción se desvanecerá. Caso contrario, esta será ratificada. El equipo de la Contraloría no tiene un plazo legal para cumplir con este trámite.
Ochoa cumplió con la presentación de sus descargos en el tiempo establecido, pese a que el 8 de enero solicitó que la justicia ordinaria emita medidas cautelares para que este plazo se detenga. Esto porque él pidió una información a la Contraloría. Y aunque hubo una respuesta de la entidad, él sostenía que no fue respondida la petición. Las medidas fueron negadas.
La resolución de la Contraloría fue notificada a Ochoa el pasado 11 de diciembre del 2017. Fue el resultado del informe DAAC-0065-2017 a la administración y a los contratos y convenios relacionados con los derechos de transmisión y retransmisión de los partidos de fútbol de Gama TV.
Según el examen, Ochoa utilizó fondos de Gama TV, medio incautado por el Estado desde el 2008, para adquirir un vehículo para su uso particular. Además, cobró valores por concepto de bonos y beneficios sin sustento legal. Dos glosas por USD
115 811 y la sanción administrativa de destitución y multa de USD 7 320 predeterminó la Contraloría en contra del funcionario.