7 de abril de 2019 08:36

Jueza de la Corte de Pichincha denuncia intimidación en el caso David Romo

Milton Castillo, abogado de la familia Romo, y la Alexandra Córdova, madre de David Romo, durante la sentencia en el caso. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Milton Castillo, abogado, y Alexandra Córdova, madre de David Romo, durante una audiencia del caso. Foto: Archivo Patricio Terán / EL COMERCIO

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Redacción El Comercio

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“Estamos seguros que en la audiencia del 8 de abril actuarás pensando en el duro trabajo de investigación. Estamos pendientes de ti”. Ese mensaje recibió en su teléfono celular privado una jueza que conocerá la apelación a una sentencia, que ordena investigar a los policías y fiscales del caso David Romo, universitario desaparecido en Quito, Ecuador, el 16 de mayo del 2013.

“Señor fiscal temo por mi seguridad ya que estas personas saben el lugar de mi domicilio”, reza en la denuncia por “intimidación”, presentada en la Fiscalía por la funcionaria de la Corte de Justicia de Pichincha, el 1 de abril del 2019. La jueza recibió la amenaza a través de una llamada telefónica el último 29 de marzo, a las 17:06.

La audiencia prevista en agenda para el 8 de abril del 2019 es la causa 17282-2017-03706 (caso David Romo), programada para las 09:00, señala la jueza en el documento, que se ha hecho público el 6 de abril, después de que la madre de David Romo y su abogado revelaran una serie de irregularidades de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro de la Policía (Dinased), en la investigación del caso.

Alexandra Córdova, madre de David Romo, ha cuestionado la tesis planteada por los agentes de la Dinased y la Fiscalía, en el sentido de que el universitario desapareció cerca de San Antonio de Pichincha (Mitad del Mundo) y fue llevado hasta una clínica para adicciones en Pisulí, donde fue asesinado, faenado e incinerado, hasta desaparecer por completo.

Alexandra Córdova, madre de David Romo, revela datos de la investigación de la Dinased sobre la desaparición de su hijo. Foto: Roberto Peñafiel/ EL COMERCIO


“En el caso de la investigación de David, según las autoridades, han pasado un centenar de los mejores agentes de la Dinased”, relata Alexandra Córdova. “Continuaron con lo de la clínica, con miles de fuentes humanas, una de ellas, una persona privada de la libertad”.

“Esta persona supuestamente había llamado a la línea 1800 y había manifestado que había compartido la celda con uno de los detenidos en el caso de la desaparición o asesinato de mi hijo y que le había dicho que el cuerpo de mi hijo estaba enterrado a 600 metros alrededor de la clínica; sin embargo, se abarcó mucho de ese sitio y no se encontró nada”, cuestionó Alexandra Córdova en una entrevista con EL COMERCIO, publicada el 2 de abril del 2019.

“El agente de la Dinased continuó ganándose la voluntad, la confianza, de este privado de libertad, pero misteriosamente (él) se fugó, no sabemos hasta el día de hoy dónde está, qué información más tenía este señor y sobre todo por qué le trasladaron a la Cárcel 4 cuando tenía una condena de más de 10 años por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual”, reclama la madre del joven desaparecido hace cerca de seis años.

El 23 de agosto del 2018, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha emitió sentencia por el caso. Declaró la inocencia de cinco investigados por la Dinased y acusados por la Fiscalía: Carlos Alberto L. y Blanca Maruja F., propietarios de la clínica; Jonatan R. y Roberto E., exinternos de la clínica; y José L., amigo de los dueños.

Asimismo, los jueces de ese Tribunal ordenaron en su sentencia que se investigue a todos los miembros policiales y fiscales que participaron en la investigación, porque habrían omitido su obligación de cumplir con la verdad. 

“Los policías que investigaron, todos de la Dinased, forjaron testimonios y crearon su propia teoría del caso. Se inventan que David fue llevado a una clínica de desintoxicación”, dice Milton Castillo, abogado del caso David Romo.

“Los testigos terminaron diciendo que fueron amenazados y también comprados para dar la versión que dieron. De tal manera que en una sentencia del Tribunal Penal consta la obligación de investigar a estos policías”, añade Castillo.

Milton Castillo, abogado de los familiares de Carolina y David Romo. Foto: Roberto Peñafiel/ EL COMERCIO

Este lunes 8 de abril del 2019, la Sala Penal de la Corte de Pichincha instalará la audiencia para conocer la apelación a la sentencia del Tribunal de Garantías Penales. Es decir, tres jueces superiores manifestarán si las investigaciones y teoría de la Dinased y la Fiscalía son válidas o si, por el contrario, se ratifican en la sentencia emitida en primera instancia.

“Para el Tribunal Penal ninguna de esas pruebas son válidas”, dice Milton Castillo, quien considera “gravísimo” lo ocurrido con la jueza de la Corte. “Significa que aquellos que forjaron la verdad en el caso David Romo pretenden manipular a los jueces este lunes para que les den la razón en que supuestamente fue asesinado”, ha escrito Milton Castillo en su cuenta de Twitter la noche del sábado 6 de abril del 2019, después de que la denuncia de la jueza se difundiera en las redes sociales.

“Servidores y funcionarios públicos, la presión deberían ejercer no para manipular una apelación, sino para devolverme a mi hijo vivo”, ha escrito también en Twitter Alexandra Córdova.


“Dentro de la investigación de un delito no es el fiscal el que se encarga de investigar, tiene a la Policía”, enfatiza Milton Castillo, en diálogo con EL COMERCIO, publicado el 1 de abril del 2019. “Estas investigaciones que no se sustentan en tecnicismos lo único que apuntan es a ocultar, proteger y garantizar impunidad a alguien”.

Son muchas irregularidades, sostiene Alexandra Córdova y se quiebra al recordar el trato que ha recibido. “Si la Fiscalía o la Dinased piensan que porque le pongan estereotipos a mi hijo, me digan que ha sido un expendedor, un consumidor, yo voy a dejar de buscarlo o voy a callarme, se equivocaron”.

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