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La jueza Daniella Camacho dirigirá la formulación de cargos contra Alexandra Ocles y cuatro personas más

En la foto, la jueza Daniela Camacho presidió la audiencia este 3 de enero del 2020 en la Corte Nacional de Justicia del llamamiento a juicio en contra de Rafael Correa, Alexis Mera y otros 22 implicados en el caso Sobornos 2012 - 2016. Foto: Diego Paller

En la foto, la jueza Daniela Camacho presidió la audiencia este 3 de enero del 2020 en la Corte Nacional de Justicia del llamamiento a juicio en contra de Rafael Correa, Alexis Mera y otros 22 implicados en el caso Sobornos 2012 - 2016. Foto: Diego Paller

En la foto, la jueza Daniela Camacho presidió la audiencia este 3 de enero del 2020 en la Corte Nacional de Justicia del llamamiento a juicio en contra de Rafael Correa, Alexis Mera y otros 22 implicados en el caso Sobornos 2012 – 2016. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Un día después de que la Fiscalía anunciara que imputará a Alexandra Ocles, exdirectora de Gestión de Riesgos y cuatro personas, la Corte Nacional realizó un sorteo electrónico y delegó a la jueza Daniella Camacho la competencia para dirigir la audiencia de formulación de cargos. Así consta en una providencia de la Corte, publicada este miércoles 13 de mayo del 2020.

La magistrada, quien también conoció el caso Sobornos contra el expresidente Rafael Correa, deberá establecer fecha y hora para que Fiscalía procese a las cinco personas por el presunto delito de tráfico de influencias. Según lel escrito de la Corte, esta audiencia se realizará de forma virtual y deberá contar con la presencia de la Fiscal Diana Salazar o su delegado y con los abogados de los cinco sospechosos. En esta etapa no es obligatoria la comparecencia de Ocles.

La Fiscalía investiga una serie de irregularidades en la compra de 7 000 kits de alimentos por parte del Servicio de Gestión de Riesgos para entregar a familias afectadas por el covid-19.

El lunes, la Contraloría General hizo público los resaltados de una auditoría a este proceso de contratación. La entidad halló indicios penales y por eso remitió el documento a la Fiscalía. Esta abrió un expediente por tráfico de influencias, un delito penado con cárcel de tres a cinco años, según el Código Integral Penal (art. 285).

La principal irregularidad, según el ente de control, es que ese contrato se celebró por USD 1,1 millones “cuando, según el análisis del equipo de auditoria, debió ser de USD 706 790“. Es decir, un incremento injustificado del costo en un 40,2%.

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