Ola Bini estuvo detenido por una investigación sobre delitos informáticos en Ecuador. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO
La jueza Yadira Proaño, a cargo de caso de Ola Bini, fue recusada por la defensa del informático sueco, quien es procesado por un supuesto acceso indebido a sistemas informáticos.
Debido a esta demanda, la jueza debe separarse del caso hasta que se resuelva la recusación. La audiencia preparatoria de juicio, prevista para este jueves 12 de septiembre del 2019, también queda suspendida.
Según el Código General de Procesos (Cogep), artículo 22, la recusación es un tipo de demanda que hacen las partes involucradas en un juicio y cuando consideran que el juez asignado por sorteo ha violado normas éticas. El Cogep explica, por ejemplo, que la recusación se da cuando el juez es pariente de alguna de las personas involucradas o cuando el juez retarda de manera injustificada el despacho de los documentos o cuando manifiesta su opinión sobre el proceso, entre otras razones.
Bini, de 36 años, fue detenido en abril pasado cuando salía de viaje a Japón. En un primer momento fue acusado por la Fiscalía de un supuesto ataque a la integridad de los sistemas informáticos, pero dos días antes de que finalice la instrucción fiscal o fase de investigación públicas se le cambió el tipo de delito por ingreso no autorizado a un sistema informático.
Concretamente, la Fiscalía lo señala como responsable del ingreso indebido a un router de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Este hecho habría ocurrido en el 2015.
Entre las evidencias, la Fiscalía cuenta con información extraída del teléfono del extranjero. Allí hay chats con amigos del hacker australiano Julian Assange, detenido en Londres y quien estuvo asilado por el gobierno ecuatoriano. También se halló una fotografía sobre un supuesto acceso ilegal.
Carlos Soria, abogado de Bini, ha señalado que la fotografía no confirma que su cliente haya realizado un acto ilícito. Ha indicado que Bini es activista informático y trabaja por nuevas formas de seguridad en Internet. Además, ha repetido que en este caso se cometieron posibles violaciones a los derechos de su defendido y que estuvo detenido de forma ilegal durante casi 70 días.