9 de noviembre de 2019 16:42

Juez negó pedido de suspensión de la pena de Yofre Poma y aceptó el del prefecto Amado Chávez

El prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez, durante la auidiencia de juzgamiento el 8 de noviembre del 2019. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Ana María Carvajal
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El conjuez de la Corte Nacional de Justicia, David Jacho, negó este sábado 9 de noviembre del 2019 el pedido de suspensión condicional de la pena al asambleísta Yofre Poma, y a César P., Gonzalo V., Carlos Ch. y Víctor B., informó la Fiscalía General del Estado. Según la entidad, ellos no cumplieron con las condiciones del artículo 630 numeral 2 y 3 del Código Orgánico Integral Penal que permiten cambiar la prisión por una medida alternativa.

Ese artículo señala que "la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia de primera instancia se podrá suspender a petición de parte en la misma audiencia de juicio o dentro de las 24 horas posteriores en tres casos: si la pena no excede los cinco años, si el acusado no tiene otra sentencia o proceso judicial en su contra y si sus antecedentes personales, sociales y familiares y la gravedad de su conducta indican que no hay necesidad de que la pena se cumpla".

Ellos recibieron una sentencia de un año y cuatro meses por complicidad en la paralización del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). Por este caso fueron también procesados el prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez, Steven T., Jenny R. y José G., pero en su caso, la Corte aceptó el pedido de suspensión condicional de la pena.

El fiscal General del Estado subrogante, Wilson Toainga, consideró que las peticiones de suspensión de la sentencia no cumplían con el numeral 3 de ese artículo, ya que sus acciones ocurrieron en medio de un estado de excepción declarado, por lo que señaló que se trata de una conducta grave en contra de la estructura del Estado. Toainga subrayó que Poma y Carlos Ch. tienen abiertos otros procesos penales en su contra.

Según la Fiscalía, el conjuez Jacho dispuso que Chávez y los otros tres acusados a quienes sí se les concedió la suspensión de la pena deberán abstenerse de acercarse a instalaciones petroleras o salir del país sin autorización. También tendrán que cumplir con 100 horas de trabajo comunitario, pagar la reparación integral impuesta en la sentencia, no reincidir ni tener otra instrucción fiscal abierta. En la sentencia consta una multa de cuatro remuneraciones básicas unificadas para cada acusado y un pago de USD 6 000 a Petroecuador, como reparación integral, aunque la empresa había señalado que las pérdidas alcanzaban USD 1,7 millones.

Gustavo García, abogado del asambleísta Poma, señaló que presentarán una apelación cuando se presente la sentencia por escrito. Esta debe estar lista hasta en 10 días, contando desde el viernes 8 de noviembre, cuando la resolución fue anunciada de forma oral. García indicó que aplicará el principio de concentración para incluir en la misma acción legal una apelación a la sentencia y otra por el pedido de suspensión de la pena.

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