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Juez español imputó a la viuda de Pinochet por blanqueo de dinero

Madrid, DPA

El juez español Baltasar Garzón imputó por blanqueo de dinero a la viuda del ex dictador chileno Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, así como a su abogado y dos máximos responsables del Banco de Chile, informó hoy el diario español “El País”.

Al mismo tiempo, el magistrado de la Audiencia Nacional fijó una fianza de 77.348.374 dólares (equivalentes a 51.441.746 euros) para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de la causa, suma que deberá ser depositada en un plazo de 10 días por los imputados y los bancos considerados responsables civiles subsidiarios. En caso contrario, Garzón procederá al embargo y bloqueo por un tercio más de la cantidad fijada, es decir, 25.782.791 dólares (17.150.604 euros) de cuentas para resarcir con ese dinero a las víctimas españolas de la dictadura pinochetista.

El proceso, planteado a petición de la Fundación Española Presidente Allende, se inició el 16 de octubre de 1998, cuando el magistrado admitió una querrella contra Pinochet por genocidio, terrorismo y torturas. La querella fue ampliada sucesivamente en septiembre de 2004, por alzamiento de bienes, y en abril de 2007, por blanqueo de capitales. Según el diario español, Garzón pretende interrogar a los querellados a través de una comisión rogatoria.

Los otros imputados son el abogado y albacea de Pinochet, Oscar Custodio Aitken Lavanchy, Pablo Granifo Lavín, presidente del Consejo de Administración del Banco de Chile entre 2001 y 2005, y Hernán Donoso Lira, gerente del Banco en Nueva York en las misma época. Garzón obtuvo la detención de Pinochet en Londres el 17 de octubre de 1997. Tras cuatro meses y medio de detención domiciliaria, el ex director fue puesto en libertad y retornó a Chile el 2 de marzo de 2000.

Tras haber perdido la inmunidad parlamentaria y ser procesado por varios delitos, falleció en arresto domiciliario el 10 de abril de 2006, a los 91 años. La Fundación Presidente Allende tiene dos procesos en marcha para intentar resarcir económicamente a las víctimas españolas de la dictadura militar chilena. Uno en Nueva York, contra el Banco de Chile por 75 millones de dólares, y el planteado en España.