Redacción Judicial
Magno Borja se calificó ayer como un juez independiente e imparcial. Él está encargado del Juzgado Tercero de Garantías Penales de Pichincha y recibió el proceso penal que la Fiscalía impulsa contra el ex jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía (UIES), mayor Manuel Silva.
El funcionario sostiene que recién avocó conocimiento de la causa. A la defensa de Silva, sin embargo, le preocupa que el juicio esté en sus manos. Borja fue enjuiciado en 2003 por una denuncia de la Unidad Antinarcóticos de la Policía en enero de 2003. Entonces, se señaló que el judicial había liberado a uno de los principales implicados en el caso de narcotráfico Flores. En ese operativo policial se decomisaron 114,5 kilos de cocaína, que estaban escondidos en flores.
El 21 de agosto de 2003, el entonces presidente de la Corte de Justicia de Quito, Fabián Jaramillo, dictó la orden de prisión contra Borja, por supuestamente haber “procurado impunidad en delitos de narcotráfico”.
Silva lo detuvo. En junio de 2007, Borja -quien permaneció en prisión- fue absuelto en el juicio por la Primera Sala Penal de la Corte de Quito.
Ahora, Magno Borja, de vuelta en la Función Judicial, participa como juez contra Silva. El funcionario judicial señaló ayer que no tiene ningún impedimento legal para tramitar el caso. Aunque aseguró que él no pidió conocer el proceso como una retaliación, sino que llegó a sus manos luego de un sorteo electrónico.
“Si la defensa del ex Jefe de la UIES plantea una recusación, se la puedo aceptar. No tengo ningún interés especial en resolver el caso”, manifestó Borja. Según él, si Silva le pide que se inhiba de continuar en el caso, no tiene inconveniente en aceptarlo.
Pero la defensa del Silva tiene otra inquietud. Inicialmente, la Fiscalía lo indagó por el supuesto delito de violación a las funciones de un empleado público. Sin embargo, en la sala de sorteos de los juzgados, una funcionaria de la Fiscalía cambió el tipo penal del caso: ahora lo acusan de atentado contra la seguridad del Estado.
Esa denuncia fue presentada por los ministros de Gobierno, Gustavo Jalkh, y de Seguridad, Miguel Carvajal, por la supuesta entrega de los discos duros de las computadoras de la UIES a la Embajada de EE.UU.
Según Ramiro Aguilar, abogado de Silva, “no se puede afectar al principio acusatorio, que dice que nadie puede ser acusado de un delito del que no se haya podido defender”. Aún no presenta una demanda de inhibición contra Borja. “Esperaremos ver la actuación del magistrado”, dijo. El juez dispuso que el lunes se realice la audiencia de formulación de cargos en contra de Silva.