Buenos Aires, AFP
Un juez argentino pidió el miércoles a España la extradición del militar retirado y piloto comercial argentino Julio Alberto Poch, acusado de violaciones de los derechos humanos en la dictadura (1976-83) , dijo a la AFP una fuente judicial.
“Se pidió la extradición de Poch. El trámite fue enviado a Cancillería, que deberá girarlo al ministerio de Relaciones Exteriores de España, que lo pasará al juez encargado del proceso de extradición en ese país”, afirmó la fuente.
El juez Sergio Torres solicitó la extradición del teniente de fragata retirado de la Marina, quien es sospechoso de haber participado en los llamados ‘vuelos de la muerte’, de los cuales prisioneros narcotizados eran arrojados al mar.
Poch, de 57 años y actualmente piloto de la aerolínea holandesa Transavia, había sido capturado el martes pasado en el aeropuerto de Manises de Valencia y se encuentra encarcelado sin fianza e incomunicado en la cárcel de Picassent a la espera de su extradición a Argentina.
El juez Torres había pedido a Holanda a finales de 2008 la extradición del marino, que había prestado servicios en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA, uno de los centros de exterminio de la dictadura) tras recoger en el país europeo testimonios que lo involucraban en los vuelos de la muerte.
Entre ellos está el de un piloto de Transavia según el cual Poch le narró cómo se arrojaba a los opositores al mar desde los aviones, además de justificar ese método de exterminio, según consta en la causa.
La Secretaría de Derechos Humanos de Argentina explicó que Poch había sido localizado gracias a una denuncia efectuada Holanda que indicaba que “un aviador civil de origen argentino y con nacionalidad holandesa se jactaba de haber sido piloto de los aviones que arrojaban al mar prisioneros con vida, secuestrados en la ESMA”.
Unos 5.000 opositores pasaron por la ESMA y solo sobrevivió un centenar.
Varios ex represores argentinos fueron detenidos en España, donde el ex marino Adolfo Scilingo, que también operaba en la ESMA, fue condenado a más de mil años de cárcel por delitos de lesa humanidad en 2007 en virtud de la competencia universal de la justicia española.
Según organismos humanitarios, unas 30 000 personas fueron secuestradas durante el régimen militar y se encuentran desaparecidas.