3 de enero de 2020  00:00

264 jueces de cortes provinciales, investigados en 10 meses

Hilda Pilco, sentenciada en el caso 30-S, revisa su expediente. Asegura que hubo irregularidades con los jueces provinciales. Foto: Cortesía

Hilda Pilco, sentenciada en el caso 30-S, revisa su expediente. Asegura que hubo irregularidades con los jueces provinciales. Foto: Cortesía

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Redacción Seguridad

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La audiencia en la Corte de Pichincha duró una hora. Antes de dar la resolución, un juez sacó una navaja y dijo “tengo este objeto en mi bolsillo y no soy violador”. Tras esta “demostración”, levantó la orden de prisión que pesaba contra un taxista acusado de amenazar con un arma y agredir sexualmente a Evelyn, en un motel.

Al escuchar el fallo del magistrado, la víctima y sus familiares comenzaron a llorar.

Este hecho ocurrió en octubre del 2018 y cinco meses después, el Consejo de la Judicatura abrió una investigación.

Peritos analizaron el audio de la diligencia y las imágenes de la cámara de seguridad.

Tras un mes de indagación, el juez fue destituido por negligencia y por vulnerar los derechos de la afectada.

De los 321 magistrados asignados a cortes provinciales del país, 264 han sido investigados en 10 meses. Es decir, el 82%. De esa lista, 11 fueron destituidos por faltas ‘gravísimas’ y ocho fueron suspendidos de sus cargos por 30 días. 198 jueces aún son investigados.

En julio del año pasado, tres magistrados de la Corte del Guayas también fueron destituidos. Esa decisión se tomó cuatro meses después de que concedieran un hábeas corpus a los hermanos Isaías, procesados por el delito de peculado y actualmente son prófugos de la justicia. Con ese recurso legal ellos habrían podido regresar al país, sin ser detenidos.

La Procuraduría apeló esa decisión y fue conocido por tres jueces de la Corte Nacional. Los magistrados del Alto Tribunal revocaron el hábeas corpus y pidieron a la Judicatura que investigase a los tres judiciales, pues habrían cometido un “error” al dictar el fallo.

Existen otras cinco causas para sancionar a estos funcionarios, por ejemplo, por cometer actos de negligencia, abandono del lugar de trabajo, por revelar datos de un proceso judicial, por no comparecer a las audiencias programadas y por no notificar sobre la realización de diligencias a los investigados.

Por esos hechos, la Judicatura considera necesario iniciar este año la evaluación a las cortes provinciales a escala nacional. De hecho, los vocales de la entidad se reunirán la próxima semana para establecer el cronograma de actividades, pues en este año también deben abrir el concurso público para escoger a los jueces definitivos de la Corte Nacional.

El informe por la Verdad y la Justicia, que indagó casos de persecución judicial en el anterior Gobierno, recomendó a la Judicatura investigar a 495 funcionarios, entre ellos fiscales, jueces provinciales, nacionales y de primer nivel.

En ese documento se recoge el caso de Hilda Pilco, sentenciada a un año de cárcel por paralización de servicio durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010.

Ella dice que ese día acudió a una plaza de Guaranda, Bolívar, para cancelar un concierto que la Policía organizó.

Asegura que allí vio a un grupo de agentes que protestaba y se acercó a preguntar qué ocurría. Luego un periodista le tomó una foto a ella y al resto de uniformados. Esa gráfica fue una prueba que Fiscalía usó para judicializarla.

En octubre del 2016, jueces de la Corte Provincial de Bolívar ratificaron la condena. Pilco dice que durante la audiencia, uno de los magistrados provinciales no recogió los argumentos de su abogado.

Además, asegura que dictaron el fallo pese a que “la persona que tomó la foto no acudió en calidad de testigo”.

El vocal Murillo indica que las investigaciones disciplinarias “no son un instrumentos de persecución”, sino que “se indaga si las acusaciones tienen fundamento” y si es así “se sanciona, si no, se ratifica la inocencia y pueden seguir en sus puestos”. Entre enero y noviembre del año pasado se ratificó la inocencia de 42 jueces provinciales.

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