13 de marzo del 2020 09:44

Jueces levantaron la prisión preventiva de Jorge Glas y Carlos Pareja en el caso Singue

Carlos Pareja Yannuzzell (izq) y Jorge Glas (der) aún no podrán salir de cárcel. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Carlos Pareja Yannuzzell (izq) y Jorge Glas (der) aún no podrán salir de cárcel. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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Este 13 de marzo del 2020, el Tribunal, conformado por Iván León, Javier de la Cadena y José Layedra, levantó la orden de prisión preventiva del exvicepresidente Jorge Glas y el exministro Carlos Pareja Yannuzzelli en el caso Singue.

Con esta decisión judicial, el exvicepresidente ya no tiene ninguna orden de prisión preventiva en su contra, pero aún no podrá salir de la cárcel, pues tiene una sentencia de seis años por asociación ilícita en el caso Odebrecht.
La prisión preventiva en el caso Sobornos 2012-2016 también caducó el pasado 9 de marzo.


Lo mismo ocurre con Pareja. No podrá salir en libertad, pues cumple cinco condenas por cohecho, peculado, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias en el caso Petroecuador.

Los jueces tomaron esta decisión, pues dijeron que este 13 de marzo del 2020 ya caducó la prisión preventiva, porque ha transcurrido un año desde que les dictó esa medida, así lo dispone el Código Integral Penal (artículo 541). 


La norma sostiene que la prisión preventiva “no podrá exceder de un año, en los delitos sancionados con una pena privativa mayor a cinco años”. El peculado, que es lo que se investiga en este caso, es castigado con cárcel de hasta 13 años. La prisión para los procesados se dictó el 13 de marzo del 2019.

El Tribunal también pidió que se oficie al Consejo de la Judicatura para que se investiguen las razones por las que se caducaron las órdenes de arresto.

Entre las personas señaladas en el caso Single también está Silvana Pástor, hija del exministro Wilson Pástor. Ella llegó este jueves 12 de marzo del 2020 con su defensa y dijo que no cometió delito alguno. “Queremos un caso apegado a derecho, un caso en justicia, en donde no se emitan juicios de valor, en donde no se juzgue con base en los prejuicios y se puedan revisar las pruebas que hemos presentado durante un proceso de dos años y medio. Que no se repita lo de la audiencia preparatoria de juicio, en donde no se tomó en cuenta ninguna prueba presentada”.

Este proceso se inició con un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP) emitido por la Contraloría General del Estado, en donde se señala que la adjudicación del campo petrolero Singue no cumplía
los requisitos de licitación.

Según las investigaciones, en el 2012 la Secretaría de Hidrocarburos y el consorcio formado por las empresas Dygoil y Gente Oil suscribieron un contrato de prestación de servicios en el bloque ubicado en la provincia de Sucumbíos, para su explotación por 20 años.

Las investigaciones de la Fiscalía determinaron que el presunto delito se habría cometido en el momento de realizar el cálculo de USD 33,5 por barril de petróleo, para la explotación del bloque “sin tomar en cuenta el 100% de las reservas probadas”. Ese hecho habría generado un perjuicio para el Estado ecuatoriano de unos USD 28,4 millones.

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