12 jueces de la Unidad de Flagrancia de Guayaquil expresaron su preocupación tras la muerte del fiscal Daniel Rodríguez Espinosa. Foto: Archivo EL COMERCIO
12 jueces de la Unidad de Flagrancia de Guayaquil expresaron su preocupación tras la muerte del fiscal Daniel Rodríguez Espinosa, del cantón Pedro Carbo, en Guayas. “Como es de conocimiento público un compañero fiscal ha sido víctima mortal de esta pandemia, su esposa, quien también es agente fiscal, ha dado positivo al virus, (ella) realizó audiencias en nuestra unidad”, indican los jueces en una carta dirigida al presidente de la Corte de Justicia del Guayas, Alfonso Ordeñana, con fecha del lunes 23 de marzo del 2020.
En este documento, que se hizo público este martes 24 de marzo del 2020, los
magistrados aseguran que además de los dos fiscales un defensor público y un juez han sido contagiados con el virus covid-19. “Un juez de la Unidad de Albán Borja que venía realizando audiencias presenciales para evitar caducidad, antes de la interrupción de los plazos de la caducidad, ha dado positivo y el día de hoy (lunes) un compañero defensor público que hizo audiencias de flagrancia en estos últimos días está contagiado con el virus”.
Tras este relato, los judiciales solicitaron a Ordeñana que se les permita realizar las audiencias de flagrancia desde sus casas.
“La situación sanitaria que atraviesa el país y en particular esta ciudad de Guayaquil es sumamente preocupante, se insiste por todos los medios ‘quédate en casa’ como forma idónea de evitar contagios, por lo que sugerimos aplicarlo para garantizar la salud de las personas involucradas en las audiencias de flagrancia”.
Actualmente, las audiencias de flagrancia ya se realizan por videoconferencia, aunque todas las partes están presentes en el mismo edificio. En una sala se ubican el juez y secretario. En otra está el fiscal y en un tercer espacio se encuentran el defensor público y el detenido.
“Si bien es cierto no hay contacto físico con las partes, no es menos cierto que en cada turno se movilizan por lo menos siete personas. Es decir, (para los dos turnos) 14 personas por día deben salir de sus casas, contactarse con agentes policiales por los salvoconductos, recorrer pasillos, tocar puertas, expedientes, pasamanos de escaleras, usuarios y aprehendidos hasta llegar a las salas asignadas”, señalan los jueces.
En su carta también citan el artículo 3.1 de la Constitución, en donde el Estado garantiza el derecho a la salud. Además, invocan el artículo 326, del mismo cuerpo legal, que indica: “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”.
EL COMERCIO
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