20 de septiembre de 2018 00:00

155 jueces y 65 fiscales son señalados por el caso 30-S

Las personas que se sienten afectadas por los juicios se reunieron en un local que consiguieron en el norte de Quito. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

Las personas que se sienten afectadas por los juicios se reunieron en un local que consiguieron en el norte de Quito. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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Todos llegaron con sobres manila o con carpetas. Sacaron copias de los juicios que afrontaron tras la insubordinación policial del 30 de septiembre del 2010 (30-S) y los entregaron en la Judicatura. Ellos dicen que son 450 y que en ese grupo están quienes fueron procesados “injustamente” en las cortes del país.

Por eso, ahora piden que se investigue a 155 jueces y 65 fiscales que conocieron los casos relacionados con el 30-S.

Ramiro Manosalvas fue suboficial mayor del Ejército. El 30 de septiembre del 2010 fue captado en una fotografía mientras salía de la extinta Cooperativa de Militares en Servicio Pasivo. Hoy cuenta que ese día realizaba una diligencia en esta entidad, pero la Fiscalía le abrió una indagación y los jueces lo condenaron a tres años de cárcel por insubordinación.

Para entonces, él ya estaba en el retiro. Tenía 58 años y dice que usó los USD 60 000 de la jubilación para defenderse.

Con Ricardo Rengifo ocurrió algo similar. Este suboficial primero de la FAE asegura que solo una foto tomada en la Base Aérea sirvió para condenarlo a un año por paralización de servicios. Pero también lo indagaron por sabotaje y terrorismo. Antes de ser procesado pidió la baja directa. “En la FAE fuimos discriminados. No nos mandaban ni a cursos”.

Sin dar detalles cuenta que se quedó sin dinero y que recurrió a préstamos para mantener a su familia.

Casos como estos ya están en la Judicatura. La vocal Zobeida Aragundi recibió este miércoles, 19 de septiembre del 2018, las carpetas con los documentos.

Hace ocho días, los afectados mantuvieron una primera reunión con el vocal del Consejo de la Judicatura Aquiles Rigail. El funcionario escuchó las historias de los perjudicados y se comprometió a dar prioridad a estos casos y llevarlos a la Asamblea, para que se analice la amnistía general.

Antes de que Rigail llegara a esa cita, el cabo primero Wesley Merchán contó que el 30-S se encontraba franco en Quito. Asegura que ese día sufrió un accidente de tránsito y que en el Regimiento Quito tramitaba los papeles del seguro.

Ese día, Merchán estaba con una camiseta verde, color que identificaba al oficialista Alianza País. Por eso, recuerda que fue agredido por sus compañeros y que le rompieron la cabeza con un tolete.

A Merchán le dieron la baja y desde entonces no ha podido hallar trabajo. “He intentado entrar a empresas de seguridad pero me rechazan, porque no aceptaban a policías que hayan salido en esas circunstancias”.

En medio de esos hechos su esposa lo abandonó y se quedó endeudado. Ahora es taxista.

Este miércoles, los afectados también pidieron una amnistía para todos. La Constitución (art. 120) dice que una de las atribuciones de la legislatura es precisamente “conceder amnistías por delitos políticos”. Esa es la salida que ve Humberto Chichande. Él fue suboficial primero de la FAE. Luego del 30-S fue acusado por sabotaje.

Estos delitos son sancionados con penas que van entre cinco y 13 años, pero a él lo sentenciaron en primera instancia a un año. Por eso dice que esta es otra irregularidad.

Luego de la condena, el uniformado apeló y apenas hace tres meses fue sobreseído. Pero durante ocho años debió presentarse cada seis meses ante un juez, no pudo salir del país y estuvo impedido de vender sus bienes. Pero tampoco pudo acceder a créditos y contratar con el sector público.

Él es ingeniero en sistemas y cuando realizaba trabajos facturaba a nombre de terceros.


Los últimos hechos relacionados con el caso

1 de agosto 2018
La Judicatura transitoria recibió a los representantes de la Asociación de Víctimas del 30-S. Pidieron que se investigue a los operadores de justicia y servidores públicos.

25 de agosto 2018
Los afectados piden que se investiguen los gastos que el anterior Gobierno realizaba, por ejemplo, en las reuniones para recordar anualmente la insubordinación policial.

28 de agosto 2018
Se anuncia que siete miembros de la Asociación de Víctimas del 30-S trabajarán junto con la Contralo­ría en la elaboración de un examen especial sobre los fondos.

19 de septiembre 2018
Los perjudicados entregan sus casos en el Consejo de la Judicatura transitorio, para que sean revisados. Además, piden a la Asamblea Nacional una amnistía general.

En contexto

El 30 de septiembre del 2010, los policías y militares de la capital se concentraron principalmente en el Regimiento Quito número 1, en el Ministerio de Defensa (sector de la Recoleta) y en la Base Aérea. Sin embargo, también hubo altercados en las vías.

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