Durante las teleflagrancias, los detenidos permanecerán en estas instalaciones. Foto: EL COMERCIO
El Consejo de la Judicatura (CJ) adoptó nuevas medidas para que el sistema judicial pueda operar en medio de la emergencia sanitaria desatada por el covid-19.
El organismo adquirió un nuevo sistema informático para realizar videoaudiencias mientras dure la crisis.
Así, desde el 4 de mayo próximo, los jueces, fiscales y defensores públicos comparecerán a las diligencias de forma telemática desde sus domicilios. En cambio, los procesados sí deben acudir a las 250 unidades judiciales que existen en el país.
Este mecanismo estaba vigente solo en Guayas, la provincia con más casos confirmados de coronavirus. Pero desde la próxima semana se incluirá a Pichincha, Azuay, Manabí y Los Ríos, pues son zonas donde también hay gran cantidad de afectados.
La Judicatura aseguró que después interpondrán esta medida en el resto del país.
La resolución del CJ fue aceptada por la presidenta de la Corte Nacional, Paulina Aguirre; la fiscal general, Diana Salazar; y el Defensor Público, Ángel Torres.
La intención es reducir el número de personas que circulan por las dependencias judiciales y evitar posibles contagios de la enfermedad.
En las audiencias que se desarrollan actualmente, los funcionarios y procesados acuden al mismo edificio judicial, pero ocupan diferentes espacios físicos.
Por la crisis sanitaria, los magistrados solamente resuelven temas flagrantes como casos penales, de tránsito, violencia contra la mujer, adolescentes infractores y beneficios penitenciarios.
El vocal del CJ, Juan José Morillo, indicó ayer a este Diario que con la implementación de videoaudiencias domiciliarias, los jueces que manejan causas civiles, laborales, de niñez y de familia también reanudarán la convocatoria de diligencias.
Tras tomar esa decisión se adquirieron 1 000 accesos al sistema informático de videoconferencia, que serán colocados en los dispositivos electrónicos de los funcionarios judiciales.
En cambio, el detenido, resguardado por policías, permanecerá en una sala de la unidad de flagrancia. Esa área está equipada con una pantalla, cámara y micrófono. Así, el procesado podrá ver y escuchar, en tiempo real y multicámara, al juez, a su defensor y al fiscal.
La primera diligencia que se realizó bajo este mecanismo ocurrió en Durán el 27 de marzo pasado, un día después de que se declarara el estado de excepción. La Fiscalía formuló cargos contra dos personas por tráfico de drogas. La jueza dictó prisión preventiva para ambos.
En Guayaquil, en cambio, el fiscal César Suárez, dijo que hasta ahora ha participado en cuatro audiencias telemáticas desde su casa. Recuerda que la primera que atendió fue el 28 de marzo. Procesó a una persona que irrespetó el toque de queda y un juez, quien también estaba en su vivienda, le dictó prisión preventiva.
En el Guayas, antes de que se inicien las diligencias se realiza una prueba de conexión con el personal de tecnología de la Judicatura y se crea un grupo de chat por WhatsApp para alertar si se produce un problema en la plataforma informática.
Nuevas audiencias
La crisis sanitaria también hizo que se suspendiera la atención presencial del público en los Centros de Arbitraje de la Función Judicial.
Pero en este momento ya está vigente una disposición de la Judicatura, para que las audiencias de mediación se realicen a través de medios telemáticos, desde los domicilios de los usuarios.
En estas diligencias se busca que un mediador resuelva un conflicto entre las partes, sin necesidad de que recurran a un proceso judicial.
Por ejemplo, se llega a un acuerdo para fijar las pensiones alimenticias, cobrar deudas, solucionar incumplimientos entre empresas, establecer cierres de compañías, entre otros.
Otra medida adoptada para frenar la propagación del coronavirus tiene que ver con la habilitación de un espacio en la página web de la Función Judicial, para que los interesados pueden presentar escritos, como apelaciones.
EL COMERCIO
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