16 de agosto de 2018 00:00

Nueve jueces de la CC son indagados por Fiscalía y Contraloría

Cinco de los nueve magistrados de la Corte Constitucional apoyaron la derogación de las enmiendas del 2015. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

El equipo evaluador del Cpccs-t hizo observaciones a la gestión de la Corte Constitucional Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Mario Alexis González

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La Fiscalía y la Contraloría investigan a los nueve jueces de la Corte Constitucional (CC). Esos procesos se recogen en el informe técnico de investigación de la evaluación del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) transitorio.

En el capítulo quinto del documento se realizó un análisis individual de los magistrados. Una de las conclusiones: “los nueve jueces de la Corte Constitucional tienen indagaciones previas abiertas (en la Fiscalía) por el presunto delito de lavado de activos, fundamentados en reportes de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE)”.

Jueces, indagados por Fiscalía y Contraloría


Se añade que si bien no se han formulado cargos, el hecho de que la UAFE haya emitido reportes “evidencia” que se detectaron operaciones inusuales de dinero de los magistrados, lo que pone en duda la probidad en sus cargos.

Además, se detalla que dos jueces tienen informes de indicios de responsabilidades emitidos por la Contraloría, por presunto enriquecimiento ilícito. Se advierte que se debe precautelar su inocencia.

Jueces, indagados por Fiscalía y Contraloría

El informe de evaluación tiene 249 páginas y fue entregado a los nueve jueces para que hagan sus descargos. Las pruebas escritas se presentaron hasta el lunes 13 de agosto del 2018, a excepción de Alfredo Ruiz, presidente de la CC, quien pidió una prórroga hasta este jueves, 16 de agosto. Mientras que las audiencias orales se realizarán mañana ante el Pleno del Cpccs.


Sobre el cumplimiento de funciones, la investigación concluye que esta Corte desnaturalizó el papel que la Constitución del 2008 le otorgó, para que sea la máxima institución de protección de derechos, con capacidad de interpretar la Constitución.

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Por ejemplo, se analizan las iniciativas de consulta popular. Por un lado, se observó que se dio un trámite “ágil y prioritario” a las iniciativas del Ejecutivo. Mientras que las planteadas por la ciudadanía recibieron un trámite lento.


Se recuerda que la propuesta de la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua, del cantón Girón, de la provincia del Azuay, que buscaba frenar la minería en Quimsacocha, nunca fue autorizada.

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Además, se hizo un estudio del proceder de la Corte en casos considerados “emblemáticos”, como el pago de utilidades a exempleados de una empresa, el matrimonio igualitario, las glosas tributarias a OCP, Chevron, Satya, Mery Zamora y el control a las enmiendas del 2015. Según la evaluación, la Corte ha superpuesto los intereses del Estado y de las empresas privadas y públicas, dejando en desprotección a la sociedad civil.

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En el caso de las enmiendas, que fueron recientemente derogadas por la CC -pese a que anteriormente había emitido fallos favorables-, el informe indica que la entidad no actuó con independencia de la voluntad política del poder de turno y que ha tomado sus decisiones de la mano de la línea política temporal.


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Sobre la independencia de la entidad y la legitimidad del cargo, también se hacen otras observaciones respecto del nombramiento de los jueces.

“Los procesos de selección con los que se nombró a los nueve jueces actuales de la Corte Constitucional estuvieron llenos de anomalías, irregularidades, ilegitimidades e ilegalidades, además de violaciones expresas a la Ley”, se lee en las conclusiones del punto.

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También, que en el concurso del 2012 la comisión que llevó el proceso fue presidida por Pamela Martínez, quien fue asesora del expresidente Rafael Correa y en el 2015 pasó a ser magistrada, luego de la renovación parcial.

Mientras que en ese último proceso, donde se eligieron tres jueces para renovar la CC, tres de los nueve candidatos habían sido designados por Correa en altos cargos y otros dos ocuparon cargos de confianza designados por personas de conocida cercanía con el expresidente.

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 Tres de estos cinco postulantes fueron seleccionados y designados.

Sobre la eficiencia de la Corte, el informe señala que entre 2012 y el 19 de julio del 2018, han ingresado 25 840 causas.​ De ellas, 15 326 han recibido actos de sustanciación en la Sala de Admisión, lo que representa que no se han admitido, inadmitido o rechazado 10 514 causas, es decir, que no se trataron y están pendientes.

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 En contexto

El equipo evaluador hizo un informe previo. La decisión final sobre la cesación o continuidad de los jueces la tomará el Pleno del Consejo transitorio teniendo en cuenta, además de este documento, las pruebas escritas de descargo que presentaron y los alegatos orales que plantearán mañana. Cada uno tendrá 30 minutos para argumentar sus descargos.

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