10 de septiembre de 2019 00:00

Tres jueces de la CNJ no se presentaron a las pruebas orales

LatitulardelaJudicatura,María del Carmen Maldonado (c),hablóayerdelaevaluación. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

La titular de la Judicatura, María del Carmen Maldonado (c),habló ayer de la evaluación. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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La fase de evaluación oral a los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) termina hoy 10 de septiembre del 2019. Hasta el momento, tres jueces no se han presentado a las pruebas. Se trata de María Rosa Merchán, María Espinoza y Merck Benavides.

Las dos magistradas enviaron un escrito de 32 páginas en el que justifican su inasistencia al proceso, al que califican de inconstitucional.

En su carta se declararon en resistencia, como se contempla en el artículo 98 de la Constitución. Entre otros aspectos, no están de acuerdo con la conformación ni el trabajo realizado por el Comité de Apoyo a la Evaluación, que fue designado por la Judicatura.

Merck Benavides tampoco se presentó a la prueba oral. Él renunció hace tres meses a su cargo de juez penal y laboral. Ayer 9 de septiembre del 2019, Benavides dijo a este Diario que a él no se le debía evaluar, por ser exfuncionario judicial. A su criterio, la evaluación tenía que ser para los empleados de carrera, como dispone el Código Orgánico de la Función Judicial, y no para los jueces nacionales que tienen un periodo fijo.

Además, sostuvo que si la evaluación se basa en análisis de sentencias, “ese criterio corresponde a organismos superiores y no es facultad de entidades administrativas”.

La conjueza Janeth Santamaría también renunció a la Corte. Pero a diferencia de Benavides, ella sí acudió a la prueba.

A pesar de que 19 de los 21 jueces se han presentado, existe un malestar general por este proceso. Así lo manifestó la presidenta de la Corte Nacional, Paulina Aguirre.

El sábado, después de rendir su prueba oral, dijo que ha hecho reiteradas observaciones a la metodología aplicada, que “no corresponde a parámetros internacionales”.

Merchán y Espinoza citan el artículo 76 de la Constitución como argumento para no someterse a la evaluación. El artículo dice que “nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto”.

Entre las competencias del Comité de Apoyo a la Evaluación está emitir un informe con calificaciones sobre la fase oral de la evaluación.

Carlos Mejía, uno de sus integrantes, aseguró que su trabajo será “técnico” y la decisión final sobre la continuación o el cese de los jueces corresponderá a la Judicatura.

La fase oral consta de 15 puntos. Para tener parámetros medibles, se diseñó una plantilla en la que se ponen los puntajes. 10 puntos si las capacidades argumentativas de los jueces nacionales son excelentes.

Hay una escala valorativa que se utiliza para asignar la calificación. Se pueden ganar o perder puntos en caso de que los técnicos consideren que la exposición del juez es “muy buena, buena o regular”.

Los cinco puntos restantes corresponden “al manejo de técnicas y destrezas de la oralidad”. Dentro de este indicador, un punto se entrega por la dicción y el vocabulario que usen los jueces; otro puntaje se atribuye al lenguaje no verbal utilizado. También se califica el control del auditorio y si el evaluado logra mantener la atención del Comité de Evaluación. Un último punto corresponde al uso adecuado de la voz y su timbre.

Para las magistradas, esta etapa es de “absoluta subjetividad”, más aún cuando no se les ha entregado el puntaje de otras fases del proceso.
En el escrito, por otro lado, se recuerda que ellas cumplieron con los procesos de evaluación que constan en la Ley y que obligaban a una renovación parcial de la Corte Nacional, cada tres años.

En la última evaluación hecha en el 2014, Merchán obtuvo 92,71 y María Espinoza 90,10 sobre 100. Las dos juezas ingresaron a la Corte Nacional en el concurso realizado en el 2012, por el Consejo de la Judicatura Transitorio, presidido por Paulo Rodríguez. Según el Código Orgánico de la Función Judicial, sus funciones deben terminar en enero del 2021.

Ayer, la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, dijo que la inasistencia a la fase oral les restará automáticamente los 15 puntos del proceso. Además, su resistencia a la evaluación podría generar su separación de otras fases. “La situación será decidida y definida en el Pleno del organismo”, agregó.

Por otro lado, las críticas al proceso apuntan también a los integrantes del Comité. Por ejemplo, otros jueces y conjueces critican que no se ha podido comprobar la experiencia profesional de los miembros del Comité de Apoyo y si tienen el suficiente conocimiento en las materias de Derecho que iban a evaluar.

Tampoco si constaban o no en las inhabilidades: una de ellas, haber trabajado con sus evaluados; o que hayan litigado o estén litigando en la Sala Especializada evaluada.

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