12 de junio de 2019 00:00

14 magistrados son indagados por posible persecución

En septiembre del 2018, un grupo de afectados presentó denuncias contras jueces.

En septiembre del 2018, un grupo de afectados presentó denuncias contras jueces. Foto: Archivo EL COMERCIO

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Redacción Seguridad
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Los departamentos Jurídico y de Control Disciplinario de la Judicatura comenzaron a procesar las denuncias presentadas en contra de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). A 14 magistrados se los señala, porque durante la etapa del correísmo aparentemente persiguieron a los opositores.

Los nombres constan en un informe de 249 páginas, que fuera levantado por la Mesa de la Verdad y la Justicia y que ahora servirá como material dentro del proceso de evaluación de este alto tribunal.

En un oficio que el 18 de diciembre fuera remitido a la entonces Judicatura de transición, la Mesa ya pidió que se abra investigaciones, porque la Corte “actuó en una importante cantidad de casos de persecución política”.

De hecho, en el informe (pág. 106) se cita un caso denominado Rebelión. Allí se explica que tres personas investigadas por ese delito fueron capturados sin órdenes de detención, no se les permitió contar con sus abogados y se les impuso un defensor público. Durante el proceso judicial, “no existió un sorteo para seleccionar al juez de la causa, se hizo válido un informe de Inteligencia sin el nombre del investigador”.

Además, se cuenta que en una instancia más alta, como la Corte Nacional, se llegó a pedir USD 60 000 para excluir del proceso y no ser inculpados.

En otro hecho, etiquetado como Terrorismo, se explica que un recurso de casación (que se resuelve en la Corte Nacional) pasó tres años sin tratarse. Este recurso se cerró solo después de que Rafael Correa dejara el poder y la procesada fue declarada inocente.

La afectada denuncia que mientras duraba su acción penal hubo hostigamiento. Dice que la persecución incluso llegó desde su lugar de trabajo, un plantel de educación pública. “Me iniciaron acciones administrativas y sufrió un acoso laboral permanente”.

La Judicatura advierte que si existen denuncias y si estas se enmarcan dentro de los artículos 107, 108, 109 del Código Orgánico de la Función Judicial tendrán que procesarse conforme esa norma legal. “Tras el debido proceso, esto sí incidirá en el proceso de evaluación”.

Para el presidente de la Mesa, Paúl Jácome, el balance genera una “expectativa muy importante”. “Pero no debería ser solo esto, sino iniciar la investigación, para determinar el comportamiento de los jueces durante la persecución que se desató en el correísmo”.

Jácome documentó presuntos pagos de coimas en la Corte. “En el caso del 30-S hay una denuncia de que se establecieron tarifas que llegaban a los USD 70 000 en casación”.

En el informe que ahora se revisa en el Consejo de la Judicatura también se indica que “se instauró una forma de extorsión”, para evitar ser procesados. “Según indican los denunciantes, hubo familias que pagaron hasta USD 50 000 para que no les acusaran. Otros no pudieron reunir el dinero y tienen a sus parientes presos”, se lee en el documento. En ese expediente se menciona a cinco jueces nacionales.

En un comunicado, emitido apenas se conoció de la evaluación, la Corte Nacional aseguró que una de las prioridades de la entidad ha sido trabajar “en procura de la independencia judicial”. En una parte de su pronunciamiento dice: “Alcanzar este postulado significa ofrecer a la ciudadanía un sistema de justicia que responda a un orden jurídico e institucional en que la Constitución y las leyes prevalecen sobre la voluntad de otros poderes del Estado y los intereses particulares”.

También asegura lo siguiente: “El rol fundamental de juezas y jueces, para preservar el Estado de Derecho, reside en la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia”.

Ahora, el proceso de evaluación avanza y para la primera semana de julio se posesionará el Comité Evaluador y todo el trabajo estará listo a mediados de septiembre. En ese tiempo también se analizará la “calidad de las sentencias”. Es decir, se revisarán los argumentos jurídicos y las normas usadas para emitir una sentencia.

Para eso se escogerán 12 condenas que cada juzgador emitió en cuatro años.
Las personas, cuyas denuncias están incluidas en el informe de la Mesa, dicen que no hubo argumento judicial, que únicamente se seguía la directriz desde Carondelet.

Un civil procesado por el 30-S cuenta que en una audiencia, uno de los jueces nacionales conoció su causa, pese a que jurídicamente los abogados pidieron no hacerlo.

Su caso pasó de sabotaje y terrorismo a destrucción de propiedad pública. Finalmente fue procesado por paralización de servicios.

En este hecho están mencionados tres magistrados.

El vocal de la Judicatura, Juan José Morrillo, advierte que los parámetros incorporados en esta evaluación van más allá del tema de desempeño. “Están incorporados los parámetros de transparencia y de legitimidad. Nos hemos apartado totalmente de la valoración de desempeño realizada por Consejos anteriores”.

Con esto, el balance cualitativo tendrá mayor puntuación que el cuantitativo (número de procesos que han sido despachados por cada juez).

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