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Jueces y conjueces piden aclarar parámetros de evaluación planteada por la Judicatura

Paulina Aguirre Suárez mencionó que están esperando los parámetros de evaluación de jueces y juezas por parte de la Judicatura. Foto: Tomada de la cuenta Twitter @CorteNacionaltter

Paulina Aguirre Suárez mencionó que están esperando los parámetros de evaluación de jueces y juezas por parte de la Judicatura. Foto: Tomada de la cuenta Twitter @CorteNacionaltter

Paulina Aguirre Suárez mencionó que están esperando los parámetros de evaluación de jueces y juezas por parte de la Judicatura. Foto: Tomada de la cuenta Twitter @CorteNacionaltter

La evaluación a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), que ha sido anunciada por el Consejo de la Judicatura (CJ) transitorio, trae reacciones. Los órganos jurisdiccionales emitieron un pronunciamiento global este lunes, 17 de septiembre de 2018.

En el auditorio de la CNJ, en el norte de Quito, los jueces y conjueces de la CNJ, los presidentes de las Cortes Provinciales, Tribunales Distritales y Penales y de Primera Instancia y la Asociación de Magistrados y Jueces se juntaron para dar a conocer su posición ante este proceso.

Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional, fue la encargada de leer el comunicado ante las cámaras y micrófonos de los medios de comunicación. Aseguró que el primer deber de los jueces es respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes.

Añadió que demandan el respeto a los derechos constitucionales que también protegen a los jueces, a su dignidad, honra y buen nombre. “De existir actos de corrupción insistimos una vez más que se los transparente, se los juzgue y sancione en un debido proceso”, dijo.

Reconoció que los jueces están obligados a rendir cuentas de sus actos, pero -dijo- en un proceso con reglas preestablecidas, que cumpla con parámetros técnicos y apegados a la realidad jurisdiccional y que no pretenda someter al juzgamiento de comisiones las resoluciones del más alto órgano de justicia del país poniendo en duda su legitimidad y ejecución y en riesgo a la seguridad jurídica.

Aguirre recordó que existen dos sentencias de la Corte-IDH que indican que las sentencias solo pueden ser revisadas por un órgano jurisdiccional superior, sin que corresponda hacerlo al órgano administrativo evaluador porque se afectaría con esto a la independencia a los juzgadores.

También expuso que, según las normas, la evaluación anunciada tiene por objeto mejorar el sistema judicial, determinar si los jueces han despachado las causas asignadas y si se han desempeñado con ética. “No puede anticiparse criterio”, pidió.

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