26 de agosto de 2020 00:00

208 judiciales destituidos piden formalmente volver a sus cargos

Beatriz Cadena, de la Mesa de Verdad y Justicia (centro), presentó ayer un oficio

Beatriz Cadena, de la Mesa de Verdad y Justicia (centro), presentó ayer un oficio. Foto: DIEGO PALLERO / EL COMERCIO

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Ana Belén Rosero

Un día después de que el Consejo de la Judicatura (CJ) anunciara que acatará la sentencia de la Corte Constitucional (CC), la presidenta de la Mesa de Verdad y Justicia, Beatriz Cadena, presentó ayer un oficio con 208 nombres de jueces, fiscales y defensores públicos destituidos en la época del correísmo y que ahora deben volver a sus cargos.

El fallo de la CC establece que la restitución de los judiciales separados por negligencia, dolo o error inexcusable (aplicación errónea de la ley) será retroactiva. Cubrirá a aquellos cuyas acciones legales para defenderse continúen abiertas.

El documento que Cadena entregó en la Judicatura de Quito tiene 15 páginas. Allí pide formalmente que los 208 vuelvan a sus puestos y que les reparen económicamente con el sueldo acumulado, que dejaron de percibir, desde el día de la destitución.

En la lista consta, por ejemplo, el nombre de Franklin Ponce. Él trabajaba como juez penal en Quito, pero fue separó por negligencia el 27 de julio del 2017. Recuerda que la sanción se impuso luego de que no dictara prisión preventiva contra una persona procesada por abuso sexual. “En ese caso la Fiscalía no fundamentó el pedido y tampoco presentó suficientes evidencias”.

Él dice que su caso se trata de una persecución política, pues asegura que tres meses antes de su destitución recibió la llamada de un funcionario del entonces Ministerio del Interior. “Me pidió que negara una acción de protección que alguien había presentado contra la Comandancia de Policía. Pero no acaté ese solicitud”.

En agosto del 2017 presentó en la Corte de Pichincha una acción de protección para que se anule el fallo en su contra, pero fue rechazada.

Ahora, con la sentencia de la CC espera recuperar su cargo y ser indemnizado. Como juez recibía un sueldo mensual de USD 3 500.

Ahora tendrá que recibir una reparación de USD 129 000 por los salarios no percibidos. A eso habrá que sumar los beneficios legales.

La presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, indica que la entidad no tiene los recursos.

María Elena Cevallos era jueza de violencia contra la mujer y la familia. Ingresó en el 2013, tras ganar un concurso de méritos y oposición. Después de un año se le inició un sumario por negligencia. La exmagistrada dice que emitió un fallo por agresión en contra de un abogado. “Lo sentencié a prisión, él apeló. Luego fui relegada y perdí competencia”.

La exjueza indica que no le permitieron defenderse. Inició dos juicios en el Contencioso Administrativo y este ente falló a su favor.

La decisión judicial se emitió hace ocho meses y parte de la sentencia es que se restituya su cargo de jueza.

Hasta ahora no se cumple aquello, pero advierte que con el pronunciamiento de la CC será diferente.

La Judicatura pedirá a la Corte Constitucional una ampliación y aclaración de la sentencia para saber qué plazos tiene para restituir a los judiciales separados.

El exjuez de Pichincha, Carlos Gáravi, dice que esa acción debe ser inmediata.

El CJ lo destituyó en abril del 2013 por error inexcusable luego de que aceptara una acción de protección en contra del entonces contralor Carlos Pólit por expropiación de terrenos.

El nombre de Gáravi también aparece en la lista que presentó Cadena. Él la acompañó ayer para entregar el oficio en la Judicatura.

De los 208 destituidos durante el correísmo, el 54% fue separado por error inexcusable y el resto por negligencia.

Cadena asegura que ambas figuras “se usaron desproporcionadamente contra quienes no obedecían la política del anterior Gobierno”.

En noviembre del 2016, Nancy Redrobán fue separada como jueza de la unidad penal de Ambato, donde trabajó 34 años. Asegura que fue separada por negligencia y que dos meses antes conoció el caso de una estafa en el que era señalado el hermano de una funcionaria que trabajaba en la Judicatura.

“Ella pidió que no se dictase prisión, pero me negué. A la semana me abrieron una investigación disciplinaria”.

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