18 de junio de 2020 09:42

Judicatura dice que el recorte presupuestario a la Función Judicial bordea los USD 19,5 millones; habla de riesgos en la atención al público

El actual CJ, presidido por Marcelo Merlo, impulsó los programas de formación, a través de la Escuela de la Función Judicial (EFJ).

El Consejo de la Judicatura indicó que el Ministerio de Finanzas recortó USD 19,5 millones a la Función Judicial. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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El Consejo de la Judicatura (CJ) dice que el Ministerio de Finanzas recortó USD 19,5 millones a la Función Judicial.

Según sus datos, el recorte del 2019 fue de USD 12,2 millones. En lo que va del año fiscal 2020, alcanza los USD 7,3 millones.

“Esto ha imposibilitado cumplir con las actividades e intervenciones inicialmente programadas tendientes a un eficiente servicio de justicia”, dice la Judicatura.

La entidad indica que debido a la reducción del presupuesto, “que ha impedido pagar remuneraciones al personal”, el Consejo de la Judicatura, en el 2019, prescindió de los servicios de 166 personas.

En el 2020 se dio por terminada la relación laboral con 26 servidores, “con lo que se mermó, aún más, la capacidad de atención en los despachos de causas”.

El déficit de jueces y de personal jurisdiccional, generada por la reducción de servidores que no han sido reemplazados, más la suspensión de actividades por la pandemia del coronavirus, “traen como consecuencia el represamiento de causas, con la afectación directa a los usuarios”

Hasta mayo de este año -dice la Judicatura- en la Función Judicial estaban en trámite 804 533 causas, en todas las instancias.

Entre el 2019 y lo que va de este año se convocaron 734 490 audiencias, de las cuales se realizaron 501 326. Cada mes, a escala nacional, se efectúa un promedio de 14 444 diligencias de este tipo.

Según la Judicatura, la restricción presupuestaria afectó la ejecución de adecuaciones en las Unidades Judiciales Especializadas contra la Violencia a la Mujer y miembros del núcleo familiar, en varias provincias, trabajos que estaban previstos se realicen este año, dentro del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género. “Esto provoca un retardo en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley que rige la materia”.

La Judicatura dice además que en las unidades judiciales de Guayaquil, Tena y la Corte Nacional de Justicia, las actividades de mantenimiento de equipos informáticos, aires acondicionados, ascensores, entre otros, han sido postergadas, con el riesgo de quedar en desuso, “afectando a la salud y seguridad de los servidores y a la calidad de atención a los usuarios con discapacidad que tienen necesidades especiales de movilidad”.

La entidad exhorta a que “no se efectúe ni un solo recorte adicional al presupuesto de esta Función autónoma e independiente del Estado”.

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