Iván Espinel está detenido desde el pasado 7 de abril, en Guayaquil, por orden judicial. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Los tres jueces multicompetentes de Samborondón, en el que se lleva el proceso por lavado de activos contra Iván Espinel, fueron reasignados en sus puestos en Guayaquil. La decisión fue tomada por el Consejo de la Judicatura transitorio (CJ).
El traslado de los puestos fue concretado el pasado 2 de agosto del 2018. Así desde la Unidad Multicompetente de Samborondón Ana Veintimilla, jueza de primer nivel, pasó a ser jueza civil en la Unidad Judicial Civil de Guayaquil. Leonel Ronquillo, juez de primer nivel, pasó a ser juez de Trabajo en la Unidad Judicial Florida; y Marlene Sotomayor pasó de ser jueza civil a jueza de juzgado de primer nivel en la Unidad Penal Norte Número 2 de Guayaquil.
Ellos fueron reemplazados por tres magistrados que llegaron a Samborondón desde Guayaquil. Ellos son la jueza Teresa Quintero, de primer nivel, de la Unidad Judicial de Guayaquil, quien pasó a ser jueza de primer nivel en la Unidad Judicial Multicompetente; Juan Carlos Valarezo pasó de ser juez de Trabajo en la Unidad Judicial Florida a juez de Juzgado de primer nivel.
También Francisco Mendoza, quien pasó de juez de juzgado de primer nivel en la Unidad Penal Norte Número 2 de Guayaquil a juez civil.
El director administrativo del Consejo de la Judicatura, Juan Vizueta, confirmó el cambio la tarde del viernes 3 de agosto. Dijo que “ha tratado de mover” desde Guayaquil a jueces al cantón Samborondón y viceversa. “Se trata de un cambio netamente administrativo”.
No negó que la decisión se tomó tras la liberación del exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel. Afirmó que se trata que magistrados “indistintos” puedan conocer de un proceso y de esa manera tratar de “evitar que se puedan cometer presuntos actos de corrupción”.
Por esa liberación se suspendió por 90 días a la jueza Paola Dávila. Con su suspensión el caso debió ser conocido por otro de los tres magistrados de la Unidad Multicompetente y que acaban de ser cambiados de unidades.
César García, abogado de Iván Espinel, señaló que al equipo de defensa técnica le es indistinto quién sea el juez que conozca el caso, siempre que sea independiente, objetivo e imparcial. No obstante, les preocupa que hayan designaciones “a dedo” y que actúen con la consigna de perjudicar los intereses de su defendido.
“Nosotros no vemos bien que se hayan designado jueces de lo civil que no tienen ningún conocimiento de materia penal para tener la posibilidad de manejar este caso que está en los ojos de la ciudadanía. Esto no tiene presentación, siguen metiéndole la mano a la justicia, es decir que van a seguir tantos jueces como necesitan hasta lograr condenar a mi cliente”.