Jueza que no ordenó detención de hombre hallado con arsenal de armas es investigada; Judicatura dice que es un caso 'de interés nacional'

El Pleno del Consejo de la Judicatura anunció que investiga a la jueza que no dictó prisión preventiva contra un hombre que fue hallado con un arsenal de armas en Tumbaco. Foto: Twitter/ @mariapaularomo.

El Pleno del Consejo de la Judicatura anunció que investiga a la jueza que no dictó prisión preventiva contra un hombre que fue hallado con un arsenal de armas en Tumbaco. Foto: Twitter/ @mariapaularomo.

El Pleno del Consejo de la Judicatura anunció que investiga a la jueza que no dictó prisión preventiva contra un hombre que fue hallado con un arsenal de armas en Tumbaco. Foto: Twitter/ @mariapaularomo.

El Pleno del Consejo de la Judicatura abrió una investigación disciplinaria en contra de la jueza Geovanna Palacios. La decisión fue confirmado por el vocal de esa entidad, Fausto Murillo.

Esta resolución se tomó luego de que la magistrada no dictara prisión preventiva contra Carlos Miguel D.M. quien fue detenido en Tumbaco, nororiente de Quito, el lunes 27 de julio de 2020.

Los agentes hallaron en su poder pistolas, fusiles, alimentadoras y 9 512 municiones.

Murillo indicó este 29 de julio del 2020, que tras abrir la investigación se comenzó a recabar evidencias para determinar si las actuaciones de la jueza incurrieron o no en una infracción disciplinaria.

Añadió que este es un caso de interés nacional y que por eso “es procedente investigar”.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, confirmó que el detenido es el propietario de la empresa que dio seguridad a Julián Assange, fundador de Wikileaks, mientras permanecía en la embajada de Ecuador en Londres.

A través de su cuenta de Twitter, Romo escribió que "a pesar del arsenal y que el detenido tiene doble nacionalidad (ecuatoriana-estadounidense), la jueza no consideró necesaria la prisión preventiva. La investigación seguirá adelante”.

Murillo también indicó que al momento la jueza no ha sido suspendida de sus funciones, pues primero deben encontrarse evidencias de que cometió una infracción.

El artículo 105 del Código de la Función Judicial establece que las sanciones pueden ser una amonestación escrita, una sanción económica, suspensión del cargo sin remuneración por 30 días o la destitución.

Datos de la Judicatura muestran que en el 2019 hubo 77 funcionarios judiciales destituidos, entre ellos 34 jueces a escala nacional.

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