17 de agosto de 2018 00:00

La Judicatura aprueba 4 iniciativas para eliminar la injerencia judicial

El Pleno del Consejo de la Judicatura recibió el pasado 27 de julio a un grupo de jueces destituidos de sus cargos por la anterior administración. Foto: Archivo / Consejo de la Judicatura

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Redacción Seguridad

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El Consejo de la Judicatura Transitorio plantea cuatro mecanismos legales para garantizar la independencia de jueces y fiscales; y, al mismo tiempo, ejercer mayor control disciplinario cuando estos comentan actos de corrupción.

La primera iniciativa, que fue aprobada el miércoles pasado en una sesión del Pleno, es elaborar un nuevo Código de Ética para los operadores judiciales (jueces y fiscales).

En entrevista con este Diario, el vocal Juan Pablo Albán explicó que el actual código no establece con claridad cuáles son las conductas antiéticas ni sus sanciones. Por ejemplo, cuando un servidor recibe dinero o pide favores.

Actualmente, el Código Penal ya establece condenas que incluyen la cárcel para jueces, fiscales y abogados que usen sus cargos para recibir algún beneficio personal.

Para Albán, en cambio, el Código de Ética es necesario, pues la Judicatura podrá usarlo como una vía para denunciar a los funcionarios en la Fiscalía.

La segunda iniciativa, ya aprobada, es crear una Comisión Permanente de casos de Corrupción Judicial para investigar denuncias sobre procesos judiciales fraudulentos.

El vocal aclara que este espacio no será usado para perseguir a ningún servidor. Por eso se va a permitir la participación de la ciudadanía y se incluirá a delegados del Consejo de Participación Ciudadana.

Esta comisión no solo revisará indicios de posibles actos de corrupción en juicios actuales, sino que también analizará expedientes que ya recibieron sentencias años atrás. El requisito es que los fallos se hayan tomado mediante fraude, engaño a la Administración de Justicia y violaciones al debido proceso y los principios de independencia judicial.

De igual forma, si se encontraran indicios de delitos se enviarán los casos a la Fiscalía.

“Esta comisión no será de la Judicatura sino de dos poderes del Estado, en donde la ciudadanía está integrada”.

La tercera propuesta es eliminar la facultad que tenían los vocales de la Judicatura para enviar cartas a los jueces y fiscales, investigados por faltas, para solicitar aclaraciones o información sobre sus acciones o dictámenes.

Finalmente, la última iniciativa fue crear un instructivo en donde se regulen las evaluaciones que hacen los jueces superiores (de Corte Provincial y Nacional) respecto de fallos de los magistrados inferiores.

Esta medida está vinculada con la aplicación del error inexcusable, pues actualmente la Ley Orgánica de la Función Judicial indica que un juez superior debe alertar sobre el error grave o la negligencia que haya cometido una autoridad de menor rango. “Un juez debe calificar la falta; pero queremos que lo haga de forma objetiva y a través de parámetros, no por intereses de cualquier tipo”, dijo Albán,

El anterior Consejo de la Judicatura, presidido por Gustavo Jalkh, remitió a la Asamblea, en el 2017, una propuesta sobre el error inexcusable, que se usó para destituir a jueces.

Este Consejo transitorio también propone reformas en ese ámbito. La idea es reglamentar la figura legal y exigir que antes de que se determine la destitución de un juez haya un pronunciamiento de la autoridad superior sobre la existencia de una falta grave.

Aparte de estas cuatro últimas iniciativas, la Judicatura t hizo una reforma adicional. Limitó las competencias que tenían los directores provinciales de la entidad. Este cambio se hizo a través de una resolución que se tomó en el Pleno, el pasado martes 14 de agosto del 2018.

“Lo que estaba ocurriendo en la mayoría de provincias, era que los directores eran una suerte de justicia provincial, ponían y quitaban a gente, tomaban decisiones sobre temas jurisdiccionales y presionaban a los jueces”, señaló Albán.

Si bien ahora los directores provinciales siguen a cargo de remover al personal de un cantón a otro o sacarlos de sus despachos, su decisión puede ser revisada por los presidentes de las cortes provinciales.

Desde el miércoles 15 de agosto, los jueces podrán realizar observaciones para que el Pleno del Consejo de la Judicatura revoque y devuelva a un funcionario a su puesto de trabajo.

El vocal del organismo transitorio aseguró que junto con la independencia de jueces y fiscales se deben mantener escenarios disciplinarios, para castigar la negligencia grave pero que estos deben ser apegados a las leyes y claros.

La Judicatura Transitoria ha sido criticada por ese tipo de sanciones; un ejemplo es que suspendió temporalmente a la jueza Paola Dávila, luego de que ella levantara la prisión al exministro Iván Espinel.

En contexto

El 4 de junio pasado, el Consejo de Participación Ciudadana transitorio cesó a los anteriores miembros de la Judicatura. Dos de las razones fueron la aplicación del error inexcusable para destituir a jueces y supuestos conflictos de intereses.

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