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Consejo de la Judicatura no consideró nexos familiares

Aquiles Rigail y Zobeida Aragundi (centro) estuvieron ayer, lunes 25 de junio del 2018, en la Corte del Guayas. Foto: Enrique Pesantes /  EL COMERCIO

Aquiles Rigail y Zobeida Aragundi (centro) estuvieron ayer, lunes 25 de junio del 2018, en la Corte del Guayas. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

Aquiles Rigail y Zobeida Aragundi (centro) estuvieron ayer, lunes 25 de junio del 2018, en la Corte del Guayas. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

Tres días le tomó al Consejo de la Judicatura (CJ) Transitorio nombrar a los 23 fiscales provinciales encargados. Ellos estarán en funciones hasta que se elija a los titulares a través de un concurso.

De los 23 nombres elegidos por el CJ, cuatro han recibido críticas desde el viernes (22 de junio del 2018) pasado cuando se hizo público el nombramiento provisional.

La que más reacciones ha generado -por incurrir en un supuesto nepotismo- es la de Guillermo Moreno, en Napo. Él es hermano del presidente Lenín Moreno. Según los registros de la Contraloría, Guillermo Moreno trabaja en la Fiscalía desde el 2002 y es fiscal de Napo desde el 2014.

El Mandatario, el pasado 13 de junio, dijo que en su administración no tiene un solo pariente consanguíneo que haya conseguido trabajo en el sector público. Añadió que hay algunos que están trabajando desde antes y no puede pedirles que se retiren porque “sería injusto”. Mencionó a un fiscal que lleva 25 años en esa tarea.

Aquiles Rigail, consejero de la Judicatura, indicó ayer que para hacer estos nombramientos no revisaron los grados de parentesco con autoridades de Gobierno. Añadió que, como ordena la ley, consideraron a los fiscales de carrera de categoría 3, que mejor puntaje sacaron en la última evaluación.

“Si da la casualidad o la coincidencia de que el fiscal Moreno era de categoría tres y mejor puntuado, cómo podemos hacerlo a un lado porque era pariente del Presidente de la República. Eso sería un discrimen, allí sí sería un grave error”, dijo el funcionario.

También causó resistencia la designación de René Astudillo, en Guayas, quien es acusado por Jéssica Jaramillo, exfuncionaria del Ministerio de Justicia, por haber supuestamente recibido USD 20 000 para liberar a un implicado en el asesinato del general Jorge Gabela. Él califica estas acusaciones como falsas y calumniosas.

Otras críticas llegaron a los nombramientos de Gustavo Benítez, en Loja. Francisco Endara, sentenciado a 18 meses por el caso 30-S, recordó que él fue el fiscal que lo acusó por haber aplaudido durante la transmisión de la revuelta policial de septiembre del 2010.

Asimismo, hay reparos al nombre de Fabián Salazar, en Sucumbíos. David Rosero, exintegrante del Cpccs, recordó que él llevó a cabo la investigación relacionada con el traspaso de la administración de los Fondos de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME) al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Zobeida Aragundi, otra integrante del CJ, admitió que hay cierta inconformidad en personas por “una o dos designaciones, “lo que en el universo de lo que hemos elegido no significa casi nada”. Sin embargo, dijo que están dispuestos a escuchar la opinión de la ciudadanía si hubiere alguna designación que cause realmente inconformidad a un gran sector de la población.

No obstante, Aragundi informó que oficialmente hasta ayer no tenían ninguna impugnación a esos nombramientos.

Aragundi y Rigail participaron ayer (lunes 25 de junio del 2018) en una reunión en la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en el centro de Guayaquil. Ahí dialogaron con María Leonor Jiménez, expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, quien fue restituida como jueza por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo luego de ser cesada en el 2014 por la Judicatura. Sin embargo, Jiménez les indicó que todavía no decide si aceptará la restitución ya que ella solo busca sanear su nombre.

En Quito, en la sede de la Judicatura, ayer por la mañana no hubo movimiento. Por la tarde, estaba previsto que asuma su despacho el quinto integrante del CJ, Juan Pablo Albán. Esto luego de haber sido posesionado por el Cpccs. Él dijo que “por la premura con la que hay que actuar, se tomaron decisiones que pudieran ser vistas como erróneas y que además pudieran implicar premiar a ciertas personas que han tenido conductas cuestionadas”. Adelantó que va a solicitar la revisión de las designaciones.

En la Asamblea, María José Carrión (AP), presidenta de la Comisión de Fiscalización, anticipó que planteará una comparecencia de los consejeros judiciales para que expliquen los nombramientos.

Fabricio Villamar, del movimiento Creo, señaló que la designación “es una mala imagen sobre una justicia que intenta recomponerse”. Para asambleístas allegados al correísmo, la situación va más allá y hablan del posible cometimiento de delitos. Soledad Buendía, de la Revolución Ciudadana, manifestó que es necesario que el Jefe de Estado se pronuncie.

La Veeduría por la Democracia, que fue creada para vigilar las actuaciones del Cpccs-t, en cambio, criticó que la designación de los fiscales temporales haya sido tomada en menos de tres días y que no se hayan transparentado los parámetros que se utilizaron.