26 de septiembre de 2018 12:40

Judicatura transitoria denuncia contratos con sobreprecios y más irregularidades en la construcción de complejos judiciales del país

Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura transitorio, aceptó la suspensión de la evaluación a la Corte Nacional de Justicia. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura transitorio, dio detalles de una evaluación que la entidad realizó a una serie de proyectos de infraestructura. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Mario Alexis González

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Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) transitorio, informó este miércoles, 26 de septiembre del 2018, los resultados de una evaluación que está entidad, bajo su dirección, realizó a una serie de proyectos de infraestructura que se hicieron desde el 2011 bajo la administración del CJ.

Ayer, se entregó este informe al Contralor General subrogante, Pablo Celi, para que haga de inmediato una auditoría ya que algunos casos están a punto de prescribir. Y este miércoles se le entrego la información al fiscal General encargado, Paúl Pérez, para que inicie una indagación previa.

José Cisneros, director de infraestructura de la Judicatura, expuso que en 2011 se declaró en emergencia la Función Judicial. El director general de ese tiempo emitió una resolución en la que se encargó a él mismo la coordinación y ejecución de los proyectos para salir de la emergencia, cuando eso era responsabilidad del Pleno.

En cuanto a las consultorías y diseños de proyectos, el CJ hizo 56 contratos para 111 proyectos entre 2011 y 2012. Una de las irregularidades es que a las empresas contratadas se les dio plazos de entre 15 y 60 días para entregar las consultorías, lo cual era imposible de cumplir. Añadió que esto se debía a que a los diseños eran hechos y entregados, incluso antes de la firma del contrato.

Esto generó problemas como la falta de ejecución de obras, retrasos, suspensiones, incrementos de cobros y no se usaron los diseños y las consultorías para la construcción final de los proyectos. Lo que a su vez ha impedido que el CJ pueda liquidar los contratos porque están en litigio.

Además, entre 2011 y 2013 la Judicatura suscribió 87 contratos de obras, lo que significó un gasto de USD 304 millones aproximadamente. Y 71 contratos de fiscalización por USD 9,4 millones. Pero también hubo inconvenientes previos, en la construcción y posteriores.

Por ejemplo, el Complejo Judicial del Norte costó, con precios referenciales al 2018, unos USD 55,8 millones pero el costo real debió ser de USD 40 millones. En el Complejo Guayaquil Norte, en cambio, hay un excedente de USD 17 millones. En el Complejo de Otavalo hay sospechas de un sobreprecio del 58%.

Cisneros dice que la investigación de la Fiscalía y la Contraloría debe definir en qué parte se aumento el precio, por ejemplo, si esto se realizó en los trabajos de consultorías y diseños de proyectos, antes mencionados. También la evaluación encontró algunos contratos adjudicados a empresas con nexos familiares a exautoridades del CJ.

Otro de los hallazgos es que no hubo una planificación para la construcción de complejos judiciales locales. Las construcciones fueron demasiado grandes en relación al número de funcionarios que trabaja en cada una de las dependencias. Se cree que esto acarrearía al menos responsabilidades civiles para las autoridades de ese entonces.

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