8 de enero de 2019 00:00

Judicatura transitoria se va sin evaluar Corte ni seleccionar fiscales

El momento en que los vocales transitorios son posesionados por Julio César Trujillo. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El momento en que los vocales transitorios son posesionados por Julio César Trujillo. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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A dos semanas de que se nombre el Consejo de la Judicatura (CJ) definitivo, los vocales transitorios dicen que todavía tienen temas pendientes.

Citan, por ejemplo: emitir el informe final de la Mesa por la Verdad y la Justicia, avanzar en la Mesa que se conformó el pasado 8 de noviembre para conocer los casos de exfuncionarios judiciales destituidos y que se resuelvan las causas judiciales acumuladas.

Sin embargo, en siete meses que llevan en sus puestos no pudieron avanzar con las dos asignaciones más importantes: evaluar a los 21 jueces de la Corte Nacional y nombrar a 400 fiscales a escala nacional.

Según la Ley Orgánica de la Función Judicial (art. 264), el Pleno del CJ debe designar y evaluar a jueces y conjueces de la Corte Nacional, de cortes provinciales y a fiscales.

Pero el 18 de septiembre pasado, el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) suspendió la evaluación a los jueces nacionales. Según la resolución de esa fecha, esta decisión se tomó porque el Consejo de la Judicatura transitorio “no tendrá suficiente tiempo para realizar la evaluación”.

Ayer 7 de enero, la vocal del CJ, Angélica Porras, recordó que antes de que se tome esa decisión, al interior de la Judicatura hubo diferencias sobre la propuesta metodológica que se iba a usar para la evaluación de los magistrados. “Había dos propuestas, pero el día de la reunión para resolver este tema se presentó una tercera propuesta, que tenía unos criterios distintos a aquellos que habíamos decidido. Yo no estuve de acuerdo con esta otra iniciativa de la vocal Zobeida Aragundi, pero dije que votemos y no ocurrió”.

Por eso, la vocal Porras dijo que con la resolución del Cpccs se dejó “sin espacio” a la Judicatura transitoria y advirtió sobre la necesidad de cambiar a los jueces nacionales.

Ocho de ellos han sido señalados por una presunta persecución política durante el gobierno de Rafael Correa, en contra de activistas, uniformados, ambientalistas, comunicadores, entre otros.

“Se comprobó que el poder del Ejecutivo se instrumentó a través de jueces y fiscales del país, quienes violando las normas persiguieron a aquellos que de alguna manera se oponían al régimen anterior”, manifestó la vocal Porras.

Las quejas judiciales

La Judicatura también es cuestionada por los Colegios de Abogados. El presidente de este gremio en Azuay, Carlos Castro, calificó como “un terrible error” que no se haya evaluado a jueces ni se haya hecho el nombramiento de fiscales. “Con esa decisión se provocó que los procesos judiciales avancen lentamente y algunos casos de corrupción no se resuelven de forma ágil”.

El Colegio del Azuay remitió a la Judicatura, en Quito, tres comunicados en los que se explicó la postura de los juristas frente a las decisiones tomadas. En esos escritos, por ejemplo, se detalló un análisis de cómo estaba la justicia en el país y se recomendó cómo actuar. También se envió la postura frente al Código de Ética y Conducta para los Abogados, que finalmente fue derogado.

Además, se pidieron cambios en la forma de gestión. Ahora, Castro aseguró que no hubo respuestas.

En el Colegio de Abogados del Guayas, su titular Jimmy Salazar indicó que las autoridades de los vocales transitorios no han tenido apertura para dialogar sobre las necesidades y quejas de los gremios.

Desde junio del año pasado, ese grupo de abogados ha enviado cinco comunicados en los que solicitó reunirse con los vocales. Pero hasta el momento tampoco han tenido respuesta. El gremio del Guayas quería proponer a las autoridades un proyecto para crear una escuela judicial, donde los aspirantes a jueces y a fiscales se puedan preparar.

Aquiles Rigaíl, vocal del Consejo de la Judicatura, defendió el trabajo y dijo que desde que asumieron el cargo, la primera acción fue destituir a los delegados provinciales que fueron designados durante el correísmo. Según Rigaíl, ellos “eran un instrumento de persecución contra los jueces y fiscales que no hacían lo que el anterior régimen les pedía”.

El funcionario indicó que el CJ transitorio ha “luchado” por “despolitizar a la Función Judicial”, pero que aún hay muchas cosas por hacer y que las nuevas autoridades deberán continuar con ese trabajo.

La Judicatura definitiva

La designación del Consejo de la Judicatura definitivo está en sus últimas etapas, así dio a conocer ayer Luis Hernández, miembro del Consejo de Participación Ciudadana. “Únicamente restan dos fases”.

Esta semana está previsto que la Comisión Ciudadana del Cpccs emita un informe sobre los 14 postulantes que llegaron a la etapa de impugnación. Esta instancia consiste en que los ciudadanos presenten con fundamentos las razones por las que un participante no puede ser seleccionado. Por ejemplo, haber omitido o alterado información relevante.

En el caso de haber impugnaciones, se convoca a audiencias públicas, donde los ciudadanos darán sus argumentos y los postulantes tendrán la oportunidad de defenderse. Finalmente, el Pleno del Cpccs seleccionará a los vocales. Esto se hará en dos semanas.

Los Hechos

27/06/2018
El ente dejó sin efecto el nombramiento de fiscales tras cuestionamientos a los seleccionados, entre estos Guillermo Moreno, hermano del Presidente.

12/09/2018

Los vocales Juan Pablo Albán y Aquiles Rigaíl se enfrentaron a gritos. Objetaron el manejo ético de la entidad.
El audio fue filtrado a la prensa.

18/09/2018
Consejo de Participación suspende la evaluación de la Corte Nacional para encargarla a la Judicatura definitiva, tras cuestionamientos al ente.

19/09/2018
El Consejo de la Judicatura suspende al director general de la entidad, Juan Vizueta, para investigarlo por las denuncias de tráfico de influencias.

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